En los próximos días el gobierno se dispone a presentar ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 20016. El presupuesto es la herramienta más importante para la promoción del desarrollo que tiene cualquier Estado. A través de él se establecen las prioridades en materia de políticas públicas, es decir, la manera concreta en que la Administración Pública distribuye los ingresos del Estado para mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso, esta pieza necesita de un amplio debate en el que los representantes del pueblo ante el Congreso deberán asegurarse de que la misma responda a las necesidades y expectativas de la sociedad.
El debate presupuestario es a su vez el momento institucional de mayor relevancia para que el Poder Legislativo demuestre si está dispuesto a ejercer su autonomía y a representar los intereses de sus electores. Una de las conquistas de la reforma constitucional del año 2010 fue la de disponer que el Ejecutivo someta al Congreso Nacional, a más tardar el primero de octubre de cada año, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año siguiente. Esto se hizo para que los legisladores contaran con el tiempo suficiente para conocer a profundidad el nuevo presupuesto. Una discusión seria del presupuesto va más allá del “¿cuánto le toca a mí provincia?”. Supone ver de manera integral los programas priorizados, su impacto en la vida de la gente y la racionalidad de su costo.
Como muestra de una apuesta por un presupuesto distinto, los legisladores deberían reducir sustancialmente los recursos asignados al Congreso Nacional y destinarlos a áreas esenciales como la de la salud o la seguridad ciudadana. Tradicionalmente, al Senado y la Cámara de Diputados se les asignan una partida presupuestaria mayor que la que realmente necesitan para cumplir con sus funciones legislativas. Por otro lado, los congresistas están en el deber de renunciar al barrilito y el cofrecito y destinar este dinero a mejorar la calidad de las políticas sociales, para que se desvinculen de las prácticas clientelares de los políticos que realizan proselitismo permanente con los recursos del Estado.
Por último, los legisladores deberían disponerse a establecer un mecanismo real que garantice la transparencia y fiscalización de la ejecución del presupuesto. El control legislativo del gasto público es tal vez la función más importante del Congreso en la democracia contemporánea. Los legisladores dominicanos hace tiempo que renunciaron a este rol. En fin, estos son los temas que los legisladores deberían tomar en cuenta ahora que se abre el debate presupuestario.
