Son más que válidas las preocupaciones externadas por el sector empresarial dominicano a través del Conep y de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) respecto a las elecciones de mayo del 2016. Según estas instituciones, dada la complejidad del próximo proceso electoral, en el cual se escogerán alrededor de 4,200 cargos, es necesario realizar el mayor esfuerzo posible por dotarlo de legitimidad, transparencia y equidad, al tiempo de evitar cualquier uso de los recursos del Estado en favor de determinadas candidaturas. Esto es especialmente importante en una competencia electoral donde se reintroduce la figura de la reelección presidencial.
Tiene razón el sector privado cuando destaca que un sistema político estable y una institucionalidad democrática fuerte son fundamentales para la creación de un real Estado de derecho en donde exista seguridad jurídica y un buen clima de negocios. Cada proceso electoral, sobre todo en un país con una débil institucionalidad, se constituye en un reto importante para el sistema democrático. Después de dos décadas con elecciones separadas, volvemos al modelo de comicios unificados, lo que hace el reto aún mayor. No podemos tener unas elecciones justas y creíbles si no somos capaces de dar respuestas a temas como el financiamiento político, el acceso a medios de comunicación, la participación de las mujeres, la inclusión y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
Los directivos del Conep y la AEIH además de presentar sus inquietudes en torno al actual momento electoral que vive el país, compartieron algunas propuestas que esperamos puedan tener acogida. En primer lugar, se refirieron a las reformas aún pendientes para un mayor control y regulación de las elecciones venideras. Compete al Congrego Nacional asumir la responsabilidad de aprobar sin demora el proyecto de Ley del Régimen Electoral y la Ley de Partidos Políticos. Esta última tendrá que experimentar cambios en el Senado, para mejorar de manera sustancial el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
Por otro lado, los legisladores deberán atender la propuesta de que sea conocida la Ley de Responsabilidad Fiscal, pues es la única manera de evitar los profundos déficits asociados a una ejecución presupuestaria al servicio de un proyecto político. Esto es en lo relativo al financiamiento público; en cuanto al financiamiento privado, desde ya los empresarios pueden asumir el compromiso de hacer aportes a las campañas políticas si y solo si, los partidos establecen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre las fuentes que les financian. Todo esto, coincidimos con los empresarios, requerirá de una fuerte vigilancia social.
