Es mucho lo que se habla y se teoriza sobre los problemas que impiden que nuestra economía sea competitiva y segura para los inversionistas.
Si nos vamos a la publicación “Haciendo Negocios” del Banco Mundial, la República Dominicana ocupa, al igual que el año pasado, el lugar ochenta y cuatro de ciento ochenta y nueve economías estudiadas con respecto a las facilidades que ofrece para hacer negocios.
Se habla poco sobre los perjuicios y daños que provocan a las empresas y al clima de negocios del país los embargos que ejecutan abogados inescrupulosos sin apego a la ley. A estos últimos se les ha aplicado el mote de “mau mau” y no hacen más que dañar la imagen de tantos otros abogados rectos e íntegros.
Como ejemplo de estas acciones recordamos lo sucedido a un empresario extranjero que tenía una fábrica en el Parque Industrial de Haina que fue sometida a un embargo ilegal durante el cual le ejecutaron equipos sensibles que luego le retornaron dañados e incompletos. Pocas semanas después de esto se vio precisado a cerrar sus operaciones y más de cien colaboradores directos perdieron su empleo. Este señor, frustrado y en la quiebra retornó a su país de origen, donde sin duda se convirtió en un vocero de las dificultades y riegos de invertir en nuestro país.
En otra ocasión, a un hotel en Puerto Plata le embargaron colchones nuevos, lencería, equipos de cocina. Cuando las partes se pusieron de acuerdo, los enseres que le devolvieron estaban estropeados e incluso usados. El dueño no pudo reclamar los daños al seguro e impotente vio como se perdió toda su inversión.
Otro caso es el de un empresario en cuyo negocio se presentó un alguacil ilegal acompañado de un teniente “abogado” e incautaron varios de los vehículos del negocio. El dueño ganó todas las sentencias, luego de invertir en cuantiosos recursos en abogados. Esto ocurrió hace cuatro años y aun los vehículos no han sido recuperados. Seguramente, aunque logre recuperarlos, luego de este tiempo, ya no servirán para nada.
Entrando en los mecanismos del embargo, la parte afectada, real o supuesta, puede demandar hasta por el doble del monto que reclama al demandado, en tantos bancos como este tenga cuentas. Como sabemos, los fondos en bancos de una empresa son para pagos de aduana, de impuestos, para nómina, préstamos y bonificaciones a empleados, etc. Una vez notificados, los bancos no tienen otra opción que congelar de inmediato los recursos.
Si el cliente es solvente, los bancos le pedirán garantías para liberar el embargo o le prestarán los montos embargados, por lo que el empresario que enfrenta un embargo, legal o ilegal, debe pagar intereses por el préstamo o, de lo contrario, se arriesga a descapitalizarse, sin el dinero necesario para hacer frente a sus operaciones.
Peor es el caso de los embargos temerarios, en los que abogados inescrupulosos no se limitan a embargar la empresa en litis, sino que extienden el embargo a otras compañías del empresario e incluso a este de manera personal, lo cual es una violación a la ley.
Esto le acaba de suceder a un empresario amigo quien cuenta entre enojo y risas, que un abogado que pretende ser alcalde del Distrito Nacional por un partido que ocupó muchos años el poder lo demandó pero, decía, “imagínate si ni siquiera sabe escribir, “tasa de cambio” lo escribe como “taza de cambio”, cómo será la preparación y estructura mental de ese leguleyo”.
Hace algún tiempo, a las empresas de fuera que manifestaban la intención de demandar una empresa local, se le exigía el pago de una fianza “judicatum solvi” o solvencia del justiciable. Esto constituía una forma de contener las querellas mal fundadas.
Ahora resulta que estamos todos indefensos frente a empresas extranjeras de carpetas, que venden productos en mal estado o que no cumplen con las especificaciones mínimas de calidad y cantidad a negocios locales, que lógicamente no aceptan la mercancía en mal estado. Las empresas exigen el pago de sus facturas y se procuran un cuasi abogado para demandar empresas solventes. Si la empresa nacional gana la demanda ¿cómo cobra al insolvente extranjero las pérdidas económicas y morales?
Escuché decir a un empresario, quien a sabiendas de que se expone a perder equipos o a recuperarlos en mal estado, sin responsabilidad alguna para el alguacil o abogado actuante, “a mi empresa no entran, el personal de seguridad tiene instrucciones de repeler cualquier intento de embargo ilegal o legal”. Es sumamente peligroso tomar la ley en las manos, pero la falta de protección provoca que los ciudadanos tomen acciones por su cuenta.
A nuestras autoridades judiciales, al Colegio de Abogados, sabemos que los abogados inescrupulosos pueden ser demandados e imponérseles sanciones económicas, pero esto no es suficiente. Está en sus manos modificar la ley para que se pueda fallar un embargo en cuestión de horas, para que no se ejecuten bienes hasta tanto no exista una sentencia definitiva, y que los abogados que violen los procedimientos reciban sanciones apropiadas del Colegio, tales como la suspensión del exequátur. No dejemos que estos sigan siendo una vergüenza para su clase.
De no tomar acciones como estas será difícil que se nos califique como un país en el que prima la justicia y la seguridad jurídica, tanto para los inversionistas extranjeros como locales. Lo contrario sólo irá en detrimento de nuestro crecimiento económico y por tanto, del bienestar de toda la población.
