En un reciente estudio publicado por el FMI cuyo título es “Corrupción: Costes y Estrategias de Mitigación”, dicho organismo ha alertado de que anualmente se pagan entre 1.5 y 2 billones de dólares en sobornos en el conjunto de las economías mundiales, cantidad que representa aproximadamente el 2% del PIB mundial y que estos costos pueden ser potencialmente mayores, dado que los indirectos u ocultos pueden ser más “sustanciales y debilitadores”.
Dicho estudio describe cómo la corrupción debilita la cultura de cumplimiento con la ley y por tanto incrementa la evasión, afectando la capacidad recaudatoria de los Estados. De igual forma cómo los bajos niveles de supervisión y control del gasto público afectan la cantidad y calidad del mismo, lo que combinado con los problemas recaudatorios puede resultar en “altos déficits fiscales y sustancial acumulación de deuda”.
Por eso ante la predecible reforma tributaria que querrán nuevamente imponer las autoridades, es urgente que se reclame la discusión y aprobación de un verdadero pacto fiscal, como lo ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el cual entre otros aspectos deberá tomar muy en consideración los resultados de este informe y sus recomendaciones, pues si ninguna reforma tributaria de la decena que han aprobado los gobiernos del PLD ha sido suficiente para cubrir la necesidad de ingresos del Estado, es precisamente porque el gasto ha estado inflado y mal utilizado por causa de la corrupción, los contribuyentes no reciben las contraprestaciones debidas por el pago de sus tributos y el sistema desalienta el cumplimiento y estimula la evasión.
El politólogo japonés Francis Fukuyama en un ensayo publicado sobre la corrupción expone una interesante tesis calificando la misma como el signo distintivo entre los países actualmente, ya que en prácticamente todo el mundo se celebran elecciones de las que surgen gobernantes con algún grado de legitimidad democrática, pero lo que los diferencia es la calidad de los gobiernos, que en muchos casos está gravemente afectada por los niveles de corrupción existentes.
Y esto no es un hecho desconocido, por eso se está dando un fenómeno en muchos países de nuestra América Latina de movilización social contra la corrupción, desde Brasil y Guatemala a México, país en el cual se recolectaron recientemente más firmas de las requeridas para introducir una iniciativa popular denominada 3 de 3, que obligaría a los servidores públicos de los tres niveles a presentar tres declaraciones: la que actualmente declaran que es la patrimonial más la declaración de impuestos y la declaración de intereses, debiendo informar con qué empresas u organizaciones se tienen intereses, ya sea porque se participa en ellas o porque algún familiar o amigo son dueños o accionistas, de tal manera que el servidor público no pueda tomar decisiones de compra de bienes y servicios relacionadas con las mismas ya que habría un conflicto de intereses.
Algunos dudan que la ebullición de la intolerancia frente a la corrupción pueda ser una realidad en nuestro país, convencidos como están de que los altos niveles de popularidad o de votación obtenida por las autoridades electas parecerían revelar que seguimos siendo altamente tolerantes a la misma. Pero lo cierto es que la corrupción y el despilfarro se toleran hasta que fallan los recursos y la economía castiga los bolsillos de la gente. En ese momento muchos se vuelven intolerantes y reclaman que se sancione lo que antes permitieron, lo que con la ayuda de las redes sociales se puede convertir rápidamente en una movilización social. Ojalá que nuestras autoridades tengan presente que el poder, la popularidad y la tolerancia no duran para siempre y son solo mientras tanto.
