Dos recientes escándalos de corrupción internacional han involucrado a la República Dominicana. Nos referimos a la compra de ocho aviones Super Tucano a la firma brasileña Embraer, la cual admitió haber pagado sobornos a funcionarios dominicanos por US$3.5 millones de dólares. El otro caso es el de la constructora de Brasil Odebrecht, que según un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, habría hecho pagos corruptos entre 2001 y 2014 por un monto de US$92 millones, con el propósito de ser beneficiada con obras públicas.
Ya que para la justicia dominicana la corrupción no existe, le ha correspondido a la comunidad internacional presentar evidencias de prácticas corruptas de servidores públicos del país en su relación con empresas extranjeras. Los corruptos de siempre podrán estar blindados a nivel local, pero su poder no llega a la justicia norteamericana o brasileña. Sobre todo, porque a nivel internacional se han venido implementando legislaciones y medidas cada vez más rigurosas contra el soborno transnacional. La Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, han ayudado en este propósito.
La tipificación y sanción del soborno internacional como un acto de corrupción pública y privada, procura contribuir a hacer más transparente y efectiva la competencia entre las empresas y a mejorar el papel de la Administración Pública en la promoción del Desarrollo. La práctica corrupta de un funcionario que recibe dinero para favorecer a una firma, hace que las compras y contrataciones de obras, bienes o servicios, sean mucho más costosas para el Estado.
Lo anterior tiene un efecto directo para la ciudadanía, pues ésta debe pagar más impuestos para cubrir los sobreprecios del soborno transnacional y además, el dinero público no alcanza para brindar servicios sociales de calidad. Con estos casos de soborno, se demuestra que en el país la corrupción no es solo percepción y que en ella han participado funcionarios de los distintos partidos políticos que han estado en el gobierno desde hace décadas.
Esta es una buena oportunidad para demostrar si existe o no voluntad real para enfrentar la corrupción. Corresponde al Ministerio Público investigar a profundidad estos casos y que los mismos sean sometidos a la justicia. Esta última tiene el deber de actuar con responsabilidad y evitar los tristes espectáculos dados en otros casos de corrupción que han llegado a ella. Se aspira a que se apliquen sanciones firmes contra las personas que participaron de estos fraudes y que a las empresas brasileñas se les obligue a resarcir el daño provocado al Estado dominicano.
