La complejidad del problema de la tierra en Pedernales envuelve aspectos sociales, legales, económicos y medioambientales.El punto coincidente es el aprovechamiento racional de los recursos naturales que contrastan con la pobreza de sus habitantes, y el divergente, la forma como se optimizaría ese patrimonio con respeto a la ley, a la institucionalidad y al medio ambiente.
Origen del problema
La parcela 215-A del Distrito Catastral 3 del municipio de Enriquillo fue inscrita en el Registro de Títulos de San Cristóbal en 1953, luego de ser deslindada cuatro meses antes por el Tribunal Superior de Tierras.
En 1986 se emitió el decreto 157 mediante el cual la parcela 215-A pasó a formar parte del Parque Nacional Jaragua. En 1995, a requerimiento de Jaime Rodríguez Guzmán, director del Instituto Agrario Dominicano en ese entonces, se transfieren los terrenos para un asentamiento, considerado fraudulentos.
Algunos de los beneficiados de las 36.197 hectáreas vendieron sus derechos a terceros. En 1995 la directora de Catastro, Carmen Josefina Lora Iglesias(Piky) inició un proceso de depuración de los títulos de propiedad.
Para 997 el entonces director del IAD, Wilton Guerrero, presentó al procurador General de la República, Abel Rodríguez del Orbe, una querella contra 24 personas incluido el pasado incumbente del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, por violación a los artículo 100 y 102 de la Constitución, a seis artículos del código penal, cuatro de la ley 5889, dos de la Ley 339 y tres de la ley 362.
Lo que hizo Mejía
El gobierno del expresidente Hipólito Mejía promulgó las leyes 202 y 266 de 2004, sobre delimitaciones de terrenos de la parcela 215-A para el desarrollo turístico de la zona, y el decreto 273-01 que declaraba de utilidad pública los predios.
En el 2003 el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitió la resolución 172-2003, que envió a juicio de fondo a Jaime Rodríguez Guzmán, Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y a Reyna Margarita Martínez. El 8 de octubre de 2012 el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró por vía administrativa la extinción por prescripción de la acción penal.
El curso legal del proceso de Bahía de las Águilas
La Fiscalía del Distrito Nacional, representada por la magistrada Yeni Berenice Reynoso, elevó un recurso de casación para que la Suprema Corte de Justicia anule la resolución que declara la extinción del caso Bahía de las Águilas, alegando que no se observó el debido proceso y para que se continúe hasta culminar con una sentencia favorable para el Estado dominicano. La audiencia está fijada para el cuatro de marzo próximo.
