En nuestro país hay proyectos de ley que se aprueban con rapidez meteórica, otros duermen el sueño eterno en el Congreso.
Este es el caso de la ley de partidos, que debo reconocer como decía el senador Charlie Mariotti, que se ha trabajado mucho y, molesto con cierta razón, protestaba porque ahora se revisara de nuevo en el Consejo Económico y Social (CES) que preside monseñor Agripino Núñez.
A todos nos ha pasado en algún momento al igual que al senador de Monte Plata, que luego de invertir mucho tiempo en algo, hay voces que piden revisarlo de nuevo o peor aún se da un giro al esfuerzo que frustra por la dedicación y el sacrificio que hemos puesto en el tema en cuestión.
En este caso, aún solidarizándonos con el senador, entendemos que por el bien de la democracia y por la importancia de esta ley, después de esperar tanto valdría la pena una nueva revisión y conciliar las tres posiciones que muy bien analizó un diario nacional, resaltando las diferencias fundamentales entre el proyecto del Senado, el de la Junta Central Electoral y el de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
No entraré en detalles de las diferencias, ya eso será un trabajo del CES, reunidos por instrucciones del presidente Danilo Medina.
Una ley de partidos, más que una limitación al ejercicio de la política, es la seguridad de un sistema partidario sólido. Hemos visto como la ausencia de partidos en otros países han llevado sus economías a la quiebra por ausencia de liderazgo serio. Podemos vernos en el espejo de Venezuela, donde no sólo los políticos de antes y de ahora, destruyeron el sistema partidario, sino que los propios empresarios en un hecho insólito pretendieron dar un golpe de Estado borrando todas las instituciones democráticas de esa gran nación.
Es evidente que debemos limitar el tiempo de campaña, controlar los gastos y las contribuciones. Estamos corriendo un riego enorme, ya el procurador General, Francisco Domínguez Brito, advirtió sobre la investigación sobre algunos candidatos ganadores al Congreso y alcaldías vinculados al lavado de activos.
Es claro que, de seguir así, sólo aquellos que les sobre mucho dinero limpio o sucio podrán optar por una posición en el Congreso o las alcaldías. Incluso, ya es costumbre ver campañas de regidores que parecen presidenciales por la cantidad de afiches en las calles.
El sueldo antes de impuestos de un diputado ronda los RD$275,000.00, si multiplicamos eso por los 48 meses del periodo ganará un sueldo bruto de RD$13,473,000.00 y una campaña modesta de diputado ronda los RD$15,000,000.00. Pienso que no hay que abundar, no importa las contribuciones que pueda conseguir en actividades de recaudación y de amigos, queda endeudado.
Los senadores pasan por lo mismo, con salarios muy similares con la diferencia del inexplicable barrilito que puede significar para algunos senadores hasta un millón de pesos mensuales. Son sin dudas aspectos a resolver.
Esto sin dejar de reconocer la enorme presión que nuestros legisladores reciben, especialmente los del interior del país, de parte de sus electores ya que muchas veces tienen que suplir necesidades que debían proveer otras instituciones y no lo hacen. Pero debe buscarse en todo caso un mecanismo de asistencia social diferente.
Por otro lado, está el uso de los recursos del Estado. Esto no es achacable a un partido, es una práctica que aún cuando se niega y se limite en ciertas oportunidades es practicada por todos los que han ejercido el poder.
Las inauguraciones al vapor durante el periodo electoral, es sin duda algo que debe limitarse. Se quiere hacer en pocos meses lo que no se ha hecho por la razón que fuera en el cuatrienio completo. Esto trae como resultado que luego de cada campaña electoral en mayor o menor grado es necesario una reforma tributaria para cubrir los déficits de campaña. Lo hemos vivido con los tres partidos que nos han gobernado en los últimos cincuenta años.
Un gran empresario y mejor amigo me decía con esa sabiduría que lo distingue, que su sueño es ver políticos que lleguen con gran popularidad pero que al final de su gestión esa popularidad haya mermado porque habrá logrado hacer los cambios que el país necesita en sus instituciones.
El mundo atraviesa por momentos difíciles. Si no tomamos medidas para proteger nuestra media isla, fortaleciendo nuestras instituciones, podemos caer sin darnos cuenta en dirigentes que no deseamos. Aprovechemos que aún estamos a tiempo, que en su gran mayoría tenemos líderes políticos comprometidos, que tal vez su gran error es ver el país en función de cuatro años y no de una generación.
Que de esta reunión del CES no sólo salga la mejor ley de partidos, sino que logremos ponernos de acuerdo en temas tan importantes como el pacto eléctrico y el fiscal para fortalecer no sólo nuestras instituciones sino la economía del país y la calidad de vida que se merecen todos los dominicanos.
