Diversas experiencias han indicado que dentro de los principales beneficios de la participación social, se encuentra que tanto las instituciones representativas como las políticas públicas implementadas por los gobiernos, alcanzan un mayor grado de legitimidad de manera continua. De esta forma, los necesarios procesos de legitimación de la institucionalidad, no se limitan a las elecciones cada cuatro años.
La participación ciudadana permite que la gente ponga al servicio de los programas y proyectos gubernamentales, su conocimiento de las condiciones sociales y económicas de las comunidades donde residen y de las necesidades y demandas locales. Esta inclusión ciudadana, asegura una mejor identificación y diagnóstico de los problemas y hace posible que se aprovechen los aportes de la comunidad en los procesos de planificación y ejecución de las políticas públicas.
Ciudadanas y ciudadanos ejerciendo una participación activa, tanto en la discusión de los problemas sociales y sus causas, como en la definición de las políticas públicas, se sienten más responsables de las iniciativas llevadas a cabo por el Estado y por lo tanto, más confiados en su efectividad. Una ciudadanía integrada a los procesos de toma de decisiones, contribuye a mejorar la calidad de la democracia, en tanto que la misma no se limitaría al ejercicio de la representación, sino que abriría canales directos de participación.
Precisamente, la Constitución dominicana establece que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa” (art. 2). Con la reforma constitucional del 2010, se estableció por primera vez que la democracia dominicana, además de representativa, debe ser entendida como un sistema de participación directa de sus ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones.
En tal sentido, se definieron unos mecanismos de participación, que requieren de una legislación adjetiva para su puesta en funcionamiento. La iniciativa legislativa popular, el referendo, el derecho a petición, son solo algunos de los mecanismos de participación definidos por la Constitución. La ley del Distrito Nacional y los Municipios (No. 176-07) contempla otros mecanismos de participación, los cuales han operado con limitaciones. Desde hace más de una década, en el país se viene discutiendo un proyecto de Ley de Participación Social, que no ha sido posible su aprobación en el Congreso Nacional.
Recientemente se han introducido iniciativas referidas al derecho a la participación y a la regulación del Consejo Económico y Social que amerita la prioridad necesaria, si queremos que la democracia participativa sea una realidad.
