Dos procesos de referéndum ocupan la atención internacional, el que se celebrará en el Reino Unido para decidir sobre la permanencia de dicho país en la Unión Europea (UE), conocido como “Brexit”, y el que tiene como objetivo realizar una consulta popular para revocar el mandato de Nicolás Maduro en Venezuela.
En el Reino Unido se aprobó el pasado año la “European Union Referendum Act 2015” que autoriza la celebración del referéndum sobre la permanencia de dicho país en la UE, el que sería el segundo referéndum sobre este tema, pues en el 1975 se celebró uno en el que el 67% de los electores votó por la permanencia. A pesar de la gran inquietud que genera en la UE la posibilidad de la salida de su segunda mayor economía y el impacto que se ha sentido en las bolsas internacionales por la publicación de encuestas que señalan que un 55% de los encuestados votaría por la salida y los naturales aprestos de los partidarios de la permanencia por promover el voto por el sí, jamás se ha puesto en duda que el mandato legal de realizar dicho referéndum no se cumpliría o que no se respetarían sus resultados.
Mientras que en Venezuela, por mandato de la misma Constitución que en su artículo 72 dispone que todos los cargos de elección popular son revocables y que transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, el 20% de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato; no solamente se han desconocido los plazos para validar las firmas que superaron con creces el mínimo requerido para la petición, sino que el régimen bolivariano instaurado por Chávez y ahora liderado por Maduro, que se jacta de defensor de la voluntad popular, se niega a cumplir con los preceptos constitucionales y utiliza a la sala constitucional y al Consejo Nacional Electoral para realizar esta ruptura del orden constitucional y democrático.
Y esta tampoco es la primera vez que sucede esto en Venezuela ya que en el 2004 se realizó otra convocatoria para revocar el mandato del presidente Chávez, que también fue obstaculizada mediante el cuestionamiento de las firmas de los peticionantes y que según expresa el gran constitucionalista venezolano Allan Brewer Carías, el poder electoral en combinación con el constitucional “convirtieron el referendo revocatorio en un inexistente referendo ratificatorio” y cometieron el atentado de publicar la lista de los peticionantes quienes quedaron excluidos de toda posibilidad de contacto con la Administración del Estado.
Por eso no debe sorprender que mientras en la UE ya se tienen planes de acción para cualquiera de los posibles resultados del “Brexit”, en Venezuela bajo la mirada cómplice de muchos países latinoamericanos que se beneficiaron del régimen que repartió petróleo a cambio de apoyo, se quiere soslayar la gravedad de la ruptura institucional hablando de diálogos imposibles, proponiendo irrealistas medidas para salir del colapso económico y tratando de evitar que la situación se discuta en el Consejo Permanente de la OEA.
Como expresara el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “el hecho de llamar a un revocatorio conforme a la Constitución no es ser golpista; ser golpista es anular esa posibilidad constitucional de que el pueblo se exprese”.
Una vez más queda demostrado que lo más importante en un país no es la cantidad de prerrogativas y derechos ciudadanos que tengan consignados, incluso en sus constituciones, sino la cultura de legalidad que el mismo tenga. Por eso habrá referéndum en el Reino Unido por mandato de una ley, mientras se escamotea la posibilidad del mismo en Venezuela aunque lo ordene la Constitución.
