Con grandes retos por delante, presupuestos limitados y sin que hasta el momento se conozca dónde funcionarán sus sedes, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) juramentará mañana, a las 11:00 de la mañana, a los nuevos jueces de las altas cortes, durante una ceremonia que encabezará el presidente Leonel Fernández en el salón de Embajadores del Palacio Nacional.El miércoles, a las 11 de la mañana, los 35 magistrados que componen las altas cortes asumirán funciones, luego del acto de toma de posesión, a excepción de Jorge Subero Isa, quien renunció a seguir como juez de la Suprema Corte de Justicia, y los jueces suplentes del TSE Emilio Narciso Conde Rubio y Alfredo González Pérez, quienes también dimitieron a raíz de conocerse la conformación de las nuevas instancias.
El proceso de escogencia de los magistrados de las altas cortes, incluyendo la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) -debido a vacantes por causa de muertes o por pasar de la edad límite de los 75 años-, inició el pasado 11 de agosto. Con la celebración de vistas públicas televisadas, previas a la recepción de las solicitudes, el Consejo de la Magistratura evaluó 272 abogados aspirantes, de 281 convocados originalmente.
Con críticas más favorables que negativas de los partidos políticos y organizaciones la sociedad civil, en horas de la madrugada del 21 de diciembre el CNM culminó con la escogencia de los 35 magistrados que integrarán las altas cortes para cumplir con las disposiciones de la Constitución vigente desde el 26 de enero del 2010.
Tres días después, durante un reparto de canastas navideñas, el presidente Leonel Fernández comentó en Santiago que en la selección de los nuevos magistrados él actúo en función de juez, “y ya se dice que los jueces hablan por sentencia, de manera que no tengo nada que añadir”.
Ayer, el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, quien funge como vocero del CNM, negó que la escogencia de los magistrados fuera politizada, aunque admitió, refiriéndose al Tribunal Constitucional, que “ningún país del mundo escapa a que haya magistrados con inclinaciones políticas”.
Respondiendo a críticas del movimiento cívico Participación Ciudadana y de otras entidades de la sociedad civil, Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, descartó que la composición de las altas cortes responda a un propósito del presidente Fernández para granjearse más poder tras cesar en funciones como mandatario, el 16 de agosto de 2012.
Jueces serán pensionados
Con excepción de cuatro jueces ratificados en sus cargos, los demás magistrados de la SCJ fueron sustituidos por el CNM. Los jueces ratificados fueron Jorge Subero Isa (renunciante), Víctor José Castellanos, Edgar Hernández y Dulce Rodríguez de Goris.
Aunque aún no se ha definido el monto de las pensiones, los ex magistrados de la SCJ recibirán el beneficio de la jubilación del 80 por ciento de sus salarios, que oscilan entre los 250 mil a los 396 mil pesos al mes.
De acuerdo al carácter de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, también es función del Consejo Nacional de la Magistratura fijar los sueldos y las pensiones de los magistrados, aunque las escalas de éstas últimas de ordinario son fijadas administrativamente, según establece la Ley de Carrera Civil y Administrativa.
Sin embargo, al igual que para seleccionar a los jueces renunciantes, el CNM deberá ser convocado para conocer de las dimisiones, la localización de las sedes del TC y el TSE y sobre la fijación de las pensiones de los magistrados cesanteados en funciones tras la reciente elección de la SCJ.
La nueva SCJ está compuesta por Mariano Germán, quien la presidirá, y por Julio César Castaños Espaillat, Miriam Germán Brito, Esther Agelán Casasnova, José Alberto Cruceta, Marta Olga García, Sarah Henríquez, Ramón Herrera Carbuccia, Francisco Jérez Mesa, Roberto Placencia, Juan Hiroito Reyes y Alejandro Moscoso Segarra.
La SCJ que cesa mañana en funciones fue escogida en 1998, durante el primer de gobierno del presidente Fernández (1996-2000), y fue la primera elección del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que sustituyó al Senado de la República en la escogencia de los jueces, en el marco de un nuevo período constitucional que marcó el inicio del proceso de modernización y transparencia de la judicatura nacional.
Nuevas instancias
Las nuevas instancias escogidas (TC y TSE) tendrán provisionalmente presupuestos limitados, el primero de 150 millones de pesos, y el segundo de 100 millones de pesos, partidas en las cuales deberán incluirse los gastos de personal (nómina) y operacionales, aunque el ministro de la Presidencia aseguró ayer que con excepción de la SCJ, que tiene autonomía presupuestaria, las restantes otras dos cortes ya tienen consignaciones de fondos en el Presupuesto General de 2012.
Sin especificar montos o cifras, el funcionario descartó que se presenten problemas administrativos u operacionales en los nuevos tribunales a causa de asignación de fondos.
Tampoco sería inconveniente, dijo, que el TC y TSE aún no tengas sedes establecidas, argumentando que esas son atribuciones que deberán asumir los miembros de esas instancias de acuerdo a un plan de trabajo.
No se descarta que el Tribunal Superior Electoral opere inicialmente en la sede de la Junta Central Electoral, aunque posteriormente sea trasladado a otro lugar en virtud del rol contencioso de sus atribuciones.
Es una instancia, al igual que el Tribunal Constitucional, supuesta a enfrentar retos este mismo año, a partir del 20 de mayo, si eventualmente se presentan litigios en las elecciones presidenciales.
El presidente Fernández promulgó el 11 de enero de 2011 la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, número 29-11, que tiene como objeto regular el funcionamiento del nuevo tribunal, definir su categoría institucional, establecer requisitos para sus miembros, su régimen de incompatibilidades, reglas de procedimiento contencioso electoral y consagrar las facultades contenciosas de las Juntas Electorales.
El tribunal estará integrado por cinco jueces electorales y sus suplentes, designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, por un período de cuatro años.
Para su promulgación, el Poder Ejecutivo tomó en consideración lo establecido en la Constitución sobre la figura del Tribunal Superior Electoral como órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo los asuntos contenciosos electorales y estatuir los diferendos que surjan a lo interno de los partidos.
Tribunal Electoral
El Tribunal Superior Electoral tiene autonomía de organismo comicial, personalidad jurídica e independencia funcional, administrativa, presupuestaria y financiera.
Es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no podrán ser objeto de recurso alguno, y pueden solo ser revisadas por el Tribunal Constitucional.
En su artículo 38, la ley faculta a la Junta Central Electoral a crear mediante reglamento, distritos electorales en el exterior con categoría de municipio y nombrar las Juntas Electorales correspondientes a los mismos.
El TSE está compuesto por Mariano Rodríguez, quien lo presidirá, José Manuel Hernández Peguero, ex fiscal del Distrito Nacional; Mabel Féliz Báez, actual presidenta del Consejo Nacional de Drogas (DNCD), a John Guiliani y Marino Mendoza.
Mientras, el Tribunal Constitucional lo presidirá el jurista Milton Ray Guevara y lo complementan Leyda Piña, primera sustituta del presidente, y segundo sustituto Lino Vásquez Ramos, actual Comisionado de la Reforma de la Justicia.
Además, los jurisconsultos Víctor Joaquín Castellanos, Justo Pedro Castellanos y Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Idelfonso Reyes y Jotin Cury. Además, Ana Isabel Bonilla, Katia Miguelina Jiménez, Wilson Gómez y Hermógenes Acosta.
Organo único y de vías de acceso limitadas
El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional de control político sobre las acciones de inconstitucionalidad y de acceso restringido o de limitadas vías. Para accesar al órgano se debe hacer a través de una instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido.
El Tribunal Constitucional es un órgano único, y como tal concentra la interpretación definitivamente vinculante de la Constitucion.
Esto significa que no puede existir en el ordenamiento jurídico otro órgano que realice la función de control de constitucionalidad de la norma jurídica. Las decisiones evacuadas deben ceñirse a la interpretación fiel y objetiva de la Carta Sustantiva por voto de la mayoría de sus miembros y en correspondencia con los argumentos de las partes en cada caso en que consideren violados sus derechos.
Tareas pendientes del Constitucional
Sin fallos
Tan pronto como sus miembros sean juramentados y posesionados, el Tribunal Constitucional, que preside Milton Ray Guevara, deberá asumir todos los recursos de inconstitucionalidad pendientes de fallo por parte de la actual SCJ desde el 2004 y que se estiman son más de 120.
Límite de edad
Entre los recursos de inconstitucionalidad no fallados está el que se opone a la ley que limita a 75 años la edad para ser miembro del propio Tribunal Constitucional (TC).
Esa instancia fue interpuesta por un grupo de abogados encabezados por Frank Reinaldo Fermín y Carlos Balcácer, quienes señalan que las acciones interpuestas contra el párrafo único del artículo 13 de la Ley Núm. 145-11, modifica la Ley Núm. 137-11 Orgánica del TC y de los procedimientos constitucionales.
En la última audiencia celebrada por la SCJ se inhibieron para conocer del caso los magistrados Darío Fernández, Hugo Álvarez Valencia, Luciano Pichardo y Juan Luperón Vásquez.
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, sugirió a la SCJ que se abstuviera de conocer dichos recursos.
Del PDI
El Partido Demócrata Institucional (PDI) presentó el 5 de noviembre pasado un recurso de inconstitucionalidad contra de la Ley 294-11 de Presupuesto y Gastos Públicos, alegando que la pieza fue aprobada en violación a varias legislaciones y a la Constitución de la República.
De los cabildos
Los ayuntamientos, a través de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), sometieron en octubre pasado un recurso de inconstitucionalidad en demanda del cumplimiento de la ley que asigna el 10% de los ingresos ordinarios del Estado a los municipios. En sus argumentos, Fedomu aduce que el Estado adeuda 15 mil millones de pesos a las comunidades por concepto de violar la Ley General de la Nación.
