El inicio de conversaciones entre los partidos políticos y la sociedad civil, encaminadas a concertar un Código Electoral y a materializar otras reformas que demanda la institucionalidad del país, constituye una oportunidad de oro para el porvenir social, económico y político de nuestro pueblo.
A 172 años de fundada la República, a 54 años de ensayos fracasados, y en pleno siglo XXI es injustificable que no contemos con una democracia representativa al estilo occidental, como clamaba Juan Bosch tras el golpe de Estado a su gobierno en 1963, la guerra civil y la intervención militar norteamericana de 1965.
La oposición, las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial han acogido con optimismo las conversaciones para concertar una reforma democrática que siente las bases de una nueva normativa de la organización y celebración de elecciones y que regule el funcionamiento democrático y transparente de los partidos políticos.
Una reforma que lleve a la Junta Central Electoral (JCE) y al Tribunal Superior Electoral (TSE) a personas que se distingan por la probidad en sus actuaciones, y por no responder a los intereses de los partidos políticos, que respondan por encima de todo al cumplimiento riguroso de la Constitución y las leyes.
El presidente Danilo Medina, quien concentra el control del Comité Político del PLD y desde él todos los poderes del Estado, debería resistir las tentaciones de seguir el reparto que le asegura a su partido el control y las decisiones relativas a las elecciones, como ocurrió en 2008, 20012 y ahora en 2016.
Esa tentación asoma en las proyecciones externadas por voceros del PLD en el sentido de que es imposible elegir directivas de la JCE y del TSE libres de influencia partidista, supuesto desmentido por las experiencias de César Estrella Sadhalá y Juan Sully Bolelly y otras gestiones de la JCE que fueron correctas y estuvieron exentas de conflictos significativos. Profesionales con ese perfil hay de más, sólo hay que buscarlos.
La oposición y la sociedad civil, de su parte, deben estar conscientes de que si aceptaran el reparto político de funcionarios y jueces de la JCE y el TSE, el PLD seguirá controlando a su antojo los certámenes electorales, y habremos perdido esta oportunidad de oro de encarrilar al país por las sendas adecuadas.
Como parecen advertir, al fin, los empresarios, la institucionalidad es indispensable como marco y estímulo al crecimiento económico que varias generaciones de sus familias han impulsado por más de 50 años, pese a los desaciertos, las aberraciones y la gula de algunos políticos.
La razón fundamental de que ese crecimiento económico no haya servido para erradicar la pobreza y establecer un modelo de gobierno incluyente, que expanda el bienestar y la modernización a toda la sociedad, con adecuados servicios públicos, es precisamente la carencia institucional que socava recursos y diluye esfuerzos.
La institucionalidad democrática empieza por la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, sin contaminación ni retorcimientos de la voluntad popular.
Ese es el imperativo innegociable del momento.
