El discurso y los hechos públicos de la última semana evidencian que el ideal de la sociedad, como ha subrayado el sector empresarial, de aprobar reformas que fortalezcan la institucionalidad democrática va por un camino, y la determinación de Palacio de monopolizar cada vez más los poderes estatales, va por otro.
Definiendo como colapsado el pasado proceso electoral, el presidente del Conep ha inspirado un amplio consenso nacional alrededor de la propuesta de restaurar la institucionalidad democrática, en base al cumplimiento de la Constitución y las leyes y aprobar reformas al sistema político, y la necesidad de sanear las finanzas públicas.
Ha sido de tal magnitud el consenso sobre las reformas, que hasta destacados voceros de Palacio, como el ministro Administrativo de la Presidencia y el de Información, declararon que el gobierno también está con esa agenda.
Tales pronunciamientos no pasaron de ser frases de ocasión, pues contraviniendo la referida inspiración democratizadora, en vez de aprovechar la reunión del comité político del PLD del pasado martes para hacer algún ademán democrático y de descentralización institucional, el presidente Danilo Medina consolidó el monopolio del control del Estado que ejerce, violando incluso abiertamente la Constitución.
Hasta para guardar las apariencias, Palacio pudo decidir que fueran las mayorías danilistas que eligieran en el Senado a Reinaldo Pared y en la Cámara de Diputados a Yomaira, la hermana del presidente Medina como sus respectivos presidentes. Pero ha sido el propio presidente Medina el que ha propuesto, puede decirse que los ha designado.
Aunque con ello se viole el artículo 4 de la Constitución, el cual establece que “El gobierno de la Nación (…) Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones”.
Con las designaciones de las cabezas del Poder Legislativo, propuestas por el mismo presidente de la República, Palacio desnuda la subordinación del llamado Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, resultando el nombramiento de la hermana del presidente Medina una transgresión del artículo 146, literal 2 de la Constitución, que reza: “De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.
Si bien tales decisiones podrían observarse como un asunto privativo del PLD, resulta que no es así.
Interesa a toda la sociedad, pues implica un incremento del poder personal del Presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que elige a los integrantes del Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.
El Senado, que se sabe también bajo control absoluto de Palacio, elige a su vez a los integrantes de la Junta Central Electoral.
Todos esos órganos, llamados a velar porque se cumplan la Constitución y las leyes, estarán ahora más concentrados que nunca en el puño presidencial, con lo que en vez de avances de la institucionalidad democrática lo que estamos es retrocediendo, caminando de reversa, como La Guagua de Juan Luis Guerra.
