El desarrollo de las metas propuestas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) dependerá de la disposición de la clase política para continuar las acciones encaminadas por el gobierno de turno con el objetivo de viabilizar el cumplimiento de esta iniciativa, pautada para el año 2030.
Este punto de vista es compartido por sectores consultados sobre los principales desafíos que tendrá que afrontar la END, visto como el primer intento de consumar un proyecto de nación realmente consensuado.
La END está concebida como una estrategia de desarrollo nacional que pretende convertir a República Dominicana en un país próspero, “donde las personas vivan dignamente” y se “promueva la equidad, la justicia social y una sociedad igualitaria”.
“Me parece que uno de los mayores problemas que puede confrontar la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, es la continuidad, porque aquí no hay cultura de continuidad.
Las leyes se promulgan, pero en la mente de la gente no se internaliza la idea de que son para cumplirlas”, advierte César Cuello, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Entiende que el cumplimiento de la END implica un compromiso que involucre no solo a las fuerzas políticas, sino a todos los sectores organizados de la sociedad dominicana.
Puello resume sus planteamientos aconsejando que independientemente de quien gane unas elecciones presidenciales, hay que trabajar para hacer realidad los grandes lineamientos de desarrollo trazados en la END.
Freddy Ángel Castro, politólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), comparte las inquietudes exteriorizadas por Cuello.
“El reto a que se expone fundamentalmente esta estrategia de desarrollo, es que tiene que pasar por una comprensión y un pacto político de los partidos.
Si eso no se logra, esa ley quedará como otras tantas en el marco de una iniciativa muy buena y saludable, pero que no va a ser efectiva”, vaticina.
El primer eje estratégico de la END, que ya cuenta con una ley orgánica promulgada la semana pasada, plantea la conformación de un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, y que igualmente garantice la seguridad.
Por esto, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, resalta que toda la lógica de la estrategia parte del fortalecimiento de las instituciones que cargarán con la responsabilidad de hacer posible sus principales objetivos.
“Uno de los retos de la END, es propiciar la transparencia desde todo lo que es el Estado como ente regulador, como fomentar la función pública. Hacer más eficiente los órganos de control del Estado, como la Cámara de Cuenta, la Contraloría General y el propio Congreso Nacional”, indica. l
Ceara objeta END esté sujeta a ley
El economista Miguel Ceara Hatton hace varias observaciones conceptuales a la END. “Es extraño que un documento normativo, que es sujeto a tantos cambios y propósitos, sea amarrado a una ley orgánica. Realmente considero que aun haciendo los mejores esfuerzos, es técnicamente muy difícil cumplir las metas planteadas, sencillamente porque las metodologías cambian”, reflexiona.
Resalta que en las metas “no hay referencia de costo ni necesidades de recursos para moverse de un punto a otro. El error estuvo en hacer los indicadores parte de la ley. Tampoco hay documento que aclare estos aspectos”, critica.
