El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) favoreció la suspensión del juez Víctor Mejía Lebrón, uno de varios jueces que enfrentan juicio disciplinario por disposición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras ser sometido por la Procuraduría de la República por alegadamente manipular procesos judiciales manipular libertades de personas.
“Se le cayó la máscara a Lebrón, juez del ‘No Ha Lugar’ que favoreció al síndico Félix Rodríguez Grullón, acusado por el desfalco de más de $400 millones contra el ayuntamiento de San Francisco de Macorís; se confirma su componenda para tender el manto de impunidad en el multimillonario caso de corrupción”, manifestó Raúl Monegro, vocero nacional del FALPO, al ser cuestionado sobre la suspensión del magistrado Mejía Lebrón
Monegro indicó que una semana antes del 27 de marzo, día en que el alcalde Félix Rodríguez fue favorecido con un ‘No Ha Lugar’, el incumbente municipal giró una visita al magistrado en la que se habrían puesto de acuerdo, lo que el dirigente popular calificó de ilegal, tras señalar que un juez no puede reunirse con ninguna de las partes de un proceso, salvo en caso de conciliación, en cuyo caso deben estar todas presentes.
“Se confirma lo denunciado entonces, de que el juez Mejía Lebrón negoció con el alcalde por un monto de $25 millones de pesos. La jurisdicción judicial de Santo Domingo es una de la más corrupta del país; no es casual que el magistrado Rosó Varela, uno de los jueces del tribunal colegiado que en la actualidad conoce el recurso de apelación al fallo que favoreció al síndico Félix Rodríguez, también haya sido suspendido y se encuentre sometido a juicio disciplinario”, sostuvo Monegro.
El dirigente popular consideró que los jueces encontrados culpables de manipular procesos judiciales y negociar libertad, no sólo deben ser destituidos, sino enfrentar un proceso penal en Justicia y que su Exequatur sea revocado para jamás volver a ejercer como abogados.
El juicio preliminar del sonado caso de corrupción en el cabildo francomacorisano inició en el año 2012 y fue trasladado al Tribunal de Instrucción de Asuntos de Jurisdicción Privilegiada provincia de Santo Domingo en el 2013, tras la defensa del alcalde alegar “falta de seguridad”.
El pasado 27 de marzo, el juez de instrucción Víctor Mejía Lebrón emitió un fallo de ‘No Ha Lugar” a favor del alcalde de San Francisco de Macorís, al considerar insuficientes las pruebas, pese a las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas y las pruebas testimoniales y documentales arrojadas por la investigación de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La decisión del juez Lebrón fue apelada por la Procuraduría Nacional de la República y el recurso lo deberá conocer el Tribunal Colegiado de la Corte de Apelación de Santo Domingo por disposición de la Suprema Corte de Justicia, lo que no ha sucedido porque la audiencia fue aplazada por segunda vez para el 13 de enero de 2016, fecha en que el suspendido magistrado Rosó Varela deberá haber sido sustituido.
Mejía Lebrón y Rosó Varela son dos de seis jueces suspendidos y sometido a juicio disciplinario por la Suprema Corte de Justicia por supuestamente formar una estructura que supuestamente se dedicaba a manipular procesos judiciales y a negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, destacándose casos de corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos.
El alcalde de San Francisco de Macorís Félix Rodríguez, perteneciente al sector del ex-presidente Leonel Fernández dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), había anunciado su repostulación alegando ser beneficiario del acuerdo interno de dicho partido, sin embargo las encuestas no les favorecían, dada a su baja popularidad en que cayó luego de ser acusado por corrupción.
La semana pasada, la Comisión Electoral del PLD impidió de inscribir su candidatura al síndico Félix Rodríguez para las elecciones internas del 13 de diciembre próximo, lo que muchos ven como el fin de la carrera política y el fracaso de la estrategia legal de su defensa en el dilatado proceso, ya que el juicio penal por corrupción podría llegar a su fin a final del año 2016, cuando ya se encuentre fuera del poder municipal.
