La República Dominicana tiene una extensión territorial de 48,442 kilómetros cuadrados, dos terceras partes de la isla, con una población urbana de alrededor de 65% concentrada principalmente en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.De acuerdo con la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y expertos en la materia, el 95% de la superficie está clasificada o saneada, pero otros entendidos aseguran que el 60% del territorio nacional carece de registro de títulos de propiedad.
El abogado Robinson Ariel Cuello Shanlatte, conocedor del tema, afirma que en Santo Domingo más del 95% de la tierra está saneada, es decir, deslindada y que en las regiones del suroeste y la zona fronteriza del 25 al 30% de los predios no tienen títulos de propiedad.
A esa cifra se le suma que entre el 20 y el 25% de todo el territorio nacional está cubierto de parques nacionales que tampoco están titulados.
Cuello Shanlatte es partidario de que el Estado dominicano inicie un programa de titulación en las áreas pobres para dotar a cada ocupante de terreno de su título de propiedad. “El Estado dominicano debe hacer una estrategia para realizar en las regiones más empobrecidas del país un programa de titulación, no en favor de él (el Estado), sino en favor de las comunidades y de los campesinos o la aplicación de las normas vigentes con un compromiso del Poder Judicial en haras de desarrollar el país”.
El costo de la titulación
Muchas familias han recibido por generaciones grandes extensiones de terrenos en diversas partes del país, pero no todas cuentan con sus títulos que las acredite como legítimas propietarias.
La razón es el alto costo, en tiempo y recursos, que implica todo el proceso y las trabas burocráticas, pese a que el país cuenta con una moderna jurisdicción inmobiliaria y un sistema de medición avanzado como es el Global Positioning System (GPS) o sistema de posicionamiento global.
A partir de la puesta en vigencia de la Ley 108-05 se exigen nuevos requisitos para el registro inmobiliario entre ellos, el trabajo de medición y ubicación de terrenos por parte de un agrimensor que ahora utiliza el sistema GPS; el sometimiento del deslinde del terreno ante el Tribunal de Jurisdicción Original de la localidad y finalmente el registro del inmueble por parte del registrador de títulos.
En algunos casos, completar ese proceso tarda hasta dos años, razón por la cual algunos propietarios solicitan una “Carta Constancia” en lo que sale el título definitivo y si lo quiere en menos de ese tiempo el interesado contrata los servicios de un abogado que en algunos casos cobra hasta 200 y 300 mil pesos.
El senador por la provincia San Juan de la Maguana, Félix Bautista, afirma que la razón por la que en su provincia el 70% de los propietarios de terrenos no tienen títulos es por el tedioso proceso burocrático y el costo. A ello se le suma que muchos propietarios en conflicto tienen que ir a la capital a dirimir sus litis ante el Tribunal Superior de Tierras, porque el tribunal instalado en Azua para las diez provincias del Sur, no funciona.
Los fraudes
La lentitud y la carestía del proceso ha originado la comisión de fraudes por parte de abogados y particulares que intentan falsificar títulos en beneficio de terceros y de ellos mismos.
Antes, los casos de falsificaciones eran mayores, pero ahora hay un mejor control, debido al trabajo de depuración de las autoridades y la tenacidad de la Policía. El doctor Wilson Gómez Ramírez, cuando era Registrador de Títulos, desarrolló una campaña de prevención de fraude, logrando reducir de 108 casos, en el 2008 a 41 casos en año 2010.
Algunos de los abogados involucrados fueron sometidos por ante la Justicia, expulsados del Colegio de Notarios y a otros les fue cancelado el exequátur.
Conociendo esa realidad, por su condición de hombre de campo, fue que el presidente Danilo Medina habló en su discurso de toma de posesión del programa para titular a unos 150 mil propietarios en los próximos cuatro años.
La falta de títulos impide crédito a los campesinos
En las zonas rurales la falta de un título de propiedad ha retrasado el desarrollo de los agricultores que no son sujeto de crédito cuando recurren a una entidad financiera para producir sus cultivos.
Los distintos gobiernos, desde la caída del régimen de Trujillo, han iniciado procesos de titulación masivos, pero la complejidad del problema no les ha permitido progresar. En 1998 la Suprema Corte de Justicia desarrolló un proyecto de titulación de tierra en San Juan de la Maguana, conjuntamente con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que logró dotar de sus certificaciones a mil parceleros con derechos. Igual en Vallejuelo, en combinación con la Junta Agroempresarial Dominicana.
Sin títulos
En las provincias del suroeste y la zona fronteriza entre el 25 y el 30% de los predios no tienen títulos de propiedad”.
Meta
Implementar un programa para titular a unos 150 mil propietarios de terrenos en todo el país durante los próximos cuatro años, esa es la meta”.
