Además de la representación, la Constitución de la República Dominicana incorpora mecanismos de democracia directa que procuran mejorar la calidad del sistema político. En su artículo 22 establece que es un derecho ciudadano formular peticiones a los poderes públicos sobre medidas de interés público y denunciar las faltas cometidas por los funcionarios en el desempeño de su cargo. La Carta Magna define mecanismos directos de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Entre estos se encuentran la iniciativa legislativa popular, el referéndum y el presupuesto participativo. La efectiva aplicación de estas disposiciones constitucionales depende no solo de la existencia de leyes adjetivas, sino de la voluntad ciudadana para hacer suyos esos mecanismos.

Un aspecto importante en la participación ciudadana para mejorar las políticas públicas lo constituye la capacidad que puedan desarrollar las organizaciones sociales para ejercer control social. La Carta Magna garantiza esta facultad al establecer en su artículo 246, que además de las instituciones públicas de control, la sociedad tiene la responsabilidad de fiscalizar el patrimonio, los ingresos y el gasto de los fondos públicos. La eficiencia en el uso de estos fondos y su transparencia, solo será posible en la medida en que los ciudadanos se comprometan a monitorear las actuaciones de los funcionarios y exijan que los órganos de control asuman el rol que les corresponde.

Son diversas las herramientas con las que cuentan las organizaciones para la realización de este ejercicio. Una legislación fundamental lo es sin dudas la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. Esta ley confiere el derecho ciudadano de solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado dominicano. Otras leyes aprobadas en la última década garantizan el derecho a la fiscalización social. Además de este marco legal, en el país se han desarrollado buenas prácticas de participación social, promovidas tanto por la sociedad civil como por el Estado, las cuales deben ser ampliadas y mejoradas.

Una de estas experiencias lo constituye la creación de las comisiones de veeduría ciudadana. Esta iniciativa, convocada por el Estado, busca constituirse en un ejercicio independiente de monitoreo social de las contrataciones públicas, para contribuir con el respeto de la ley en estos procesos. La articulación voluntaria de decenas de ciudadanos en dicho esfuerzo, procura promover nuevas prácticas en la administración pública a fin de lograr la máxima eficiencia, competencia y transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Como una experiencia nueva tiene aún limitaciones; las cuales, antes que invalidar este ejercicio, deben significar retos que permitan su fortalecimiento.

La transparencia y participación ciudadana en el ámbito público, es consustancial a la democracia. El principio de la participación se entiende como un derecho fundamental de los ciudadanos y las ciudadanas, que el sistema político tiene que garantizar. Es importante recordar que la democracia, además de elecciones periódicas, supone la consolidación de un real Estado de derecho. Esto requiere de la protección de los derechos ciudadanos y al mismo tiempo, del establecimiento de mecanismos de control y límites al ejercicio del poder político. Por otro lado, la transparencia y la participación social mejoran la calidad de las políticas públicas, permitiendo que el Estado logre mayor eficiencia en atender las necesidades y expectativas de la ciudadanía y por lo tanto, que el sistema político democrático gane legitimidad. Uno de los grandes retos del país hoy, es como hacer efectiva la implementación de un conjunto de reformas que han estado dirigidas a crear espacios de participación de la ciudadanía por un lado y a promover un Estado más transparente por otro. La República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), la cual establece que los Estados Partes deberán aplicar medidas dirigidas a crear mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. Por esta razón, entendemos que las comisiones de veeduría ciudadana creadas por el Ministerio de la Presidencia, se apuntan en la dirección correcta de dar una mayor transparencia al accionar del Estado. Al mismo tiempo, estas se constituyen en una excelente oportunidad para el ejercicio de participación y control social y por lo tanto, requerirán de un amplio apoyo de la ciudadanía y sus organizaciones. Además del cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley, es imprescindible el seguimiento ciudadano de los procesos de compras públicas, como una forma de evitar la malversación de fondos o la contratación de obras, bienes y servicios de mala calidad. Esta experiencia de veeduría social debe ser extendida a la mayor cantidad de entidades del Estado, principalmente a las que manejan una parte importante del presupuesto público. Las organizaciones de sociedad civil no deben esperar ser convocadas por el gobierno para desarrollar iniciativas de este tipo. Es necesario que incorporen en sus agendas, como lo han hecho algunas organizaciones, acciones dirigidas a la creación de observatorios ciudadanos para el monitoreo del manejo presupuestario de las distintas instituciones del Estado. La eficacia en la lucha contra la corrupción, por el fortalecimiento de experiencias de control social en el país.