Después de décadas de esfuerzos por tratar de construir una sociedad basada en valores democráticos y del sacrificio de mujeres y hombres que entregaron su vida por la libertad, en la República Dominicana no terminamos de hacer la transición del autoritarismo a la democracia. Esto lo digo no solo por la debilidad de las instituciones o por el caudillismo predominante en las distintas esferas de poder, sino además, por las prácticas y actitudes de diversos actores sociales y políticos, que evidencian que estos no se han dado cuenta aún, que ya no vivimos en dictadura.
Algunos grupos no toleran la opinión distinta. Como promotores del pensamiento único, pretenden descalificar a quienes tienen una posición diferente y ejercen su derecho de expresarla. En vez de rebatir las ideas con argumentos, prefieren enfrentar al interlocutor apelando a la manipulación y al descrédito, lo que se conoce en lógica como argumento ad hominem. Cuando este recurso no les da resultado, la desesperación les lleva a pretender someter a sus críticos al silencio, sobre la base de las amenazas y del discurso que busca infundir temor. Con este tipo de actitudes se pretende violentar el legítimo derecho que tienen los dominicanos a disentir y a expresar libremente su pensamiento.
Ejemplo de lo anterior, muy grave por demás, es la denuncia de amenaza de muerte contra cuatro reconocidos periodistas por haber asumido la posición de defender derechos fundamentales de miles de dominicanos afectados por la sentencia 168-13. A estos periodistas se les reconocen además, sus posiciones críticas contra la corrupción y la falta de institucionalidad. Las amenazas contra Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Roberto Cavada y Amelia Deschamps, debe recibir la más absoluta condena de todos aquellos que aspiran a vivir en una democracia donde se respete el Estado de Derecho.
La relativamente joven democracia dominicana arrastra el lastre de haber salido del dictador, dejando intacta la estructura del régimen y sin que la justicia les pidiera cuenta a sus principales responsables. Sin embargo, los herederos de la dictadura no pueden seguir teniendo tanto espacio para operar como tradicionalmente lo han hecho, sin que sus actos tengan consecuencias. Es tiempo de que se le ponga coto al discurso que, basado en un falso patriotismo, promueve el odio y la discriminación e incita a la violencia. Las autoridades deben actuar con firmeza contra todos aquellos que se han dedicado a amenazar periodistas y a defensores de los derechos humanos. Esta sería la mejor manera de mandar una señal clara de que vivimos en un país que apuesta por la democracia.
