La elección de Brasil como sede del Mundial de fútbol del 2014 parecía una decisión políticamente conveniente, pues para los brasileños el futbol es una pasión, más que un deporte. Sin embargo y sorprendentemente, las movilizaciones sociales y las protestas proliferaron en contra de la organización del evento.
El líder mundial, con cinco campeonatos ganados, obtuvo la sede del mundial en un momento de prosperidad económica, debido a los altos precios de las materias primas, impulsado por el acelerado crecimiento de la China. En ese momento se calculó que el sector privado realizaría una parte importante de las inversiones requeridas. Pero esto no sucedió. Siendo así, ocho de cada nueve dólares invertidos provinieron de fondos públicos, justo en el momento en que la economía brasileña se desaceleraba.
En momento de recesión y estrechez económica la opinión pública se torna más crítica, por lo que la imagen del evento se vio empañada por los considerables sobre-costos de las obras, que llevaron la inversión de Brasil a superar el costo conjunto de los mundiales de Alemania y Sudáfrica, en el 2006 y 2010. La renovación de los 12 estadios de fútbol, originalmente estimada en 1,1 mil millones de dólares, alcanzó los 3,5 mil millones de dólares. Además, el costo total de las inversiones en infraestructuras a nivel federal, estatal y local alcanzó la cifra de 14 mil millones de dólares. Todo esto configuró una imagen pública de dispendio por parte de los responsables gubernamentales y de las empresas constructoras, estrechamente ligadas a una clase política considerada corrupta por una amplia parte de la sociedad brasileña.
Para complicar las cosas, se agregaron los problemas propios de la Federación Mundial de Fútbol (FIFA), entidad poco transparente, caracterizada de rapaz por sus críticos. Basta mencionar que en Sudáfrica, la FIFA obtuvo un ingreso de 3,5 mil millones de dólares, mientras que el país anfitrión recibió apenas 500 millones, luego de haber invertido 4,5 mil millones de dólares. En el caso de Brasil, la FIFA ya se ha asegurado ingresos por mil trescientos ochenta millones de dólares por venta de entradas, derechos de transmisión por televisión y merchandising. Resulta revelador que Qatar está bajo sospecha de haber pagado US$ 5 millones de dólares a los responsables de la FIFA para obtener la sede del Mundial del 2018, lo que complicó aun más la percepción pública sobre el manejo del evento.
El Mundial se ha convertido en un talón de Aquiles para la presidenta Dilma Roussef. Su popularidad ha bajado en más de un 60 por ciento de aprobación a un 27 %, debiendo enfrentar unas elecciones en octubre. Su futuro político irónicamente pende de que Brasil logre ganar su sexta corona en un Mundial, que podría llevar a los votantes a perdonar u olvidar.
