Como los pragmáticos han impuesto su ley de que en política debe hacerse lo que conviene, resulta útil ejercicio separar el arroz de la paja en los debates y escarceos sobre la elección de nuevos directivos de la Junta Central y el Tribunal Superior Electoral, y las reformas de las leyes Electoral y de Partidos Políticos, para ver qué le conviene a la sociedad en general, qué es mejor para un PLD en control de todos los poderes del Estado, y cómo puede salir bien librada la oposición en la presente coyuntura.
Lo que conviene al país es que en la mesa de Agripino Núñez Collado sea concertada una reforma política y electoral que institucionalice y democratice el funcionamiento de los partidos políticos, y haga efectivo el postulado constitucional de que cada 4 años celebremos elecciones libres, equitativas y transparentes.
Esa es la conveniencia de la sociedad, porque con esas reformas empezaríamos a romper el cuello de botella institucional que aquí ha alargado la transición a la democracia por más de 55 años, demorando a su vez las posibilidades de que empecemos a forjar un país moderno, capaz de apalancarse en su excepcional ubicación geográfica y en la revolución tecnológica para emprender un estructurado modelo de desarrollo incluyente, equitativo, sostenible.
Al PLD le vendría bien que luego de 16 años de gobierno, que van para 20, en los que muchos de sus dirigentes han hecho acumulación original de capitales, el partido retorne a la abandonada filosofía de “servir al partido para servir al pueblo”, y vuelva por el camino real trazado por Juan Bosch de darle contenido institucional a la que llegó a calificar -no sin un dejo irónico- como “la mentada” democracia representativa.
Cuando se dirige a cumplir 20 años de ejercicio del poder, habiendo elevado la deuda pública de 7 mil 757 millones de dólares al cierre de 2005, a US$33 mil millones a julio de este año, más que cuadruplicándola; extrayendo vía impuestos estratosféricas sumas de los bolsillos de los contribuyentes; regodeándose por haber contribuido a que el país mantenga un alto porcentaje de crecimiento económico que no entra a las casas de la mayoría de los dominicanos, ni provee al pueblo educación de calidad, seguridad ciudadana, salud y seguridad social, agua, luz, etc.
Habiendo manejado tantos recursos y no siendo capaz de resolverle al pueblo servicios tan elementales, lo que al PLD le convendría ahora es una concertación política que despeje tensiones y crispaciones.
En cambio, lo que conviene a la oposición es que el PLD imponga a Roberto Rosario y su pleno en la JCE, que repita con una directiva del Tribunal Superior Electoral como la actual, que sólo emita fallos de conveniencia morada, que arranquen con otra reforma constitucional para reelegir al Presidente, desprecien el consenso social y se burlen del diálogo político, como hacen cotidianamente las plumas al servicio del partido de gobierno en sus engañosas columnas periodísticas.
