El que sustituya al fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, que jura hoy como juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), será designado mediante concurso por un período de cuatro años por el Consejo Superior del Ministerio Público y no podrá ser removido o destituido del cargo por quien resulte electo presidente de la República en las elecciones del 20 de mayo de 2012.La Ley Orgánica del Ministerio Público, No. 131-11, promulgada por el Poder Ejecutivo el 11 de junio de 2011, en su artículo 44 confiere la facultad del nombramiento de fiscales, procuradores y adjuntos al Consejo Superior del Ministerio Público.
Sin embargo, en el caso del procurador general adjunto, Frank Soto, quien también fue escogido juez de la SCJ por el Consejo Nacional de la Magistratura, no aplica el mismo procedimiento, sino que su nombramiento recae sobre el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, a quien la misma legislación le da responsabilidad de llenar las vacantes dejadas por los procuradores adjuntos.
Precisamente ayer, Jiménez designó en las funciones que Soto desempeñaba a Rodolfo Espiñeira Ceballos como segundo sustituto del Procurador General y al magistrado Juan Amado Cedano Santana como director general de Persecución del Ministerio Público.
Cedano Santana desempeñaba las funciones de procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y Espiñeira Ceballos las de director nacional del Ministerio Público.
Espiñeira Ceballos fue designado a través del auto 05616, mientras que Cedano fue designado en esas funciones mediante el auto número 05617.
En tanto que Cedano Santana y la directora general de Carrera del Ministerio Público, Rossanna Dalmasí, amparados en la referida ley, designaron de manera interina al magistrado José del Carmen Sepúlveda como procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Sepúlveda desempeñaba las funciones de adjunto, primer sustituto del Procurador de esa Corte.
En el caso de Moscoso Segarra, nombrado fiscal del Distrito Nacional mediante el decreto 322-08, no accesó al cargo por vía de la Carrera Judicial, pero tuvo que someterse a un proceso de evaluación por parte de la Escuela del Ministerio Público, a fin de ajustarse a las disposiciones establecidas en la anterior legislación sobre el estatuto orgánico del MP, específicamente del artículo 44 de la Ley 78-03, sustituida por la actual Ley 131-11.
Sobre este particular, elCaribe consultó al jurista Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quien explicó que la referida ley establece una serie de criterios técnicos y requisitos, en su mayoría basados en méritos académicos y morales, que debe reunir la persona que aspire a ocupar un cargo en el Ministerio Público.
“La Ley del Ministerio Público establece cuatro años de permanencia en el cargo para los fiscales, con la opción de ser reelecto. El abogado que reemplace a Moscoso Segarra en la Fiscalía del Distrito Nacional no debe tener un carácter interino, sino de cuatro años”, observó.
Tampoco podrá “venir desde afuera” el sustituto, porque para ocupar un cargo en el Ministerio Público el aspirante deberá ser de carrera y cumplir con las disposiciones legales vigentes.
De violarse esas disposiciones respecto a la designación de un fiscal, cualquier ciudadano puede recurrir e impugnar el nombramiento ante la jurisdicción contenciosa y administrativa, instancia que deberá pronunciarse sobre la legitimidad o no del reclamo a la luz de las estipulaciones contempladas en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Vacantes por renuncias
Con la renuncia del doctor Jorge Subero Isa como juez de la Suprema Corte de Justicia, tras ser reemplazado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como presidente del tribunal, deberán observarse condiciones específicas a la hora de escogerse al abogado que ocupe el cargo.
Quien sea nombrado en la posición dejada por Subero Isa deberá ser un juez de la Carrera Judicial, debido a que la cuota del 75%, consignada por ley, la completa esa vacante.
Al igual que el caso de Subero Isa, los miembros del CNM también deberán reunirse en una próxima convocatoria, aún no anunciada, para llenar las vacantes dejadas por los renunciantes jueces suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE), Emilio Narciso Conde Rubio y Alfredo González.
En cuanto a la vacante del cargo de director de la Jurisdicción Inmobiliaria, Wilson Gómez Ramírez, una instancia en materia de títulos de propiedad creada por la actual Suprema Corte de Justicia, será también responsabilidad de este tribunal, una vez sean posicionados sus nuevos miembros, la designación del sustituto.
La Ley de Registro Inmobiliario establece una serie de requisitos y condiciones para un profesional del Derecho aspirar al cargo y ser escogido para el puesto que deja Gómez Ramírez, designado por el CNM nuevo juez del Tribunal Constitucional (TC).
El CNM juramentará hoy, a las 11:00 de la mañana, a los nuevos jueces de las Altas Cortes, durante una ceremonia que encabezará el presidente Leonel Fernández, en el salón de embajadores del Palacio Nacional.
Tribunal Superior Electoral
La Junta Central Electoral (JCE) tiene a disposición de los jueces del Tribunal SuperiorElectoral (TSE) cuatro yipetas que eran utilizadas por miembros del organismo cuando estuvo compuesto por nueve integrantes. Los cuatro vehículos que eran usados por antiguos miembros de la JCE no han sido asignados a ningún funcionario de ese organismo, por lo que podrían ser asignados a los integrantes de la recién conformada alta corte.
La falta de logística para facilitar el trabajo de las Altas Cortes es aún uno de los puntos pendientes tras la designación de los integrantes. El organismo electoral ha dicho que en el edificio que aloja la JCE no hay espacio para más oficinas.
Altas Cortes al Centro de los Héroes, en la capital
Las sedes de los recién conformados Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral podrían ser ubicadas en el Centro de los Héroes, reveló ayer el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, quien funge como vocero del Consejo Nacional de la Magistratura.
Un tribunal podría ser instalado en el viejo edificio del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y el otro en una parte del local que alberga a la Liga Municipal Dominicana.
Pina Toribio aseguró que la sede definitiva ha quedado en manos de los integrantes de estas Altas Cortes.
Estos dos órganos son nuevos en el Estado dominicano y están consignados en la Constitución vigente, promulgada el 26 de enero de 2010.
