Legisladores de distintas bancadas políticas respaldaron hoy la decisión de los jueces del Tribunal Constitucional de no recibir a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentra en el país.
El encuentro era para que esos jueces explicaran las motivaciones de la sentencia 168-13, que estable los criterios para otorgar la nacionalidad dominicana a extranjeros.
Los congresistas explicaron que acceder a ese encuentro hubiese sido claudicar ante un organismo internacional, el cual consideran que está prejuiciado porque ya emitió una opinión en contra del fallo.
“Los jueces del Tribunal Constitucional actuaron correctamente, no era adecuado ni dell punto de vista jurídico, ni del punto de vista protocolar, recibir esa comisión a los fines de cuestionar méritos de la sentencia que ellos había evacuado previamente con relación a quién puede corresponder o no la nacionalidad dominicana” , consideró Carlos Gabriel García, diputado por el PRD.
Asimismo, Hamlet Melo, legislador por el PLD, aunque reconoció el derecho del organismo internacional, manifestó que la República Dominicana es un país soberano, que tiene sus propias leyes y una Constitución que se debe respetar, por lo que “ningún organismo debe inmiscuirse en asuntos de nuestro país”.
“Ellos deben respetar la Constitución y las leyes de la República Dominicana, es más yo diría que es una falta de respeto pedirle a un Tribunal Constitucional que los escuche a ellos para que les explique las motivaciones de una sentencia de ese tribunal”, consideró Rubén Maldonado, también diputado por el PLD.
Otros congresistas consideraron que los jueces sí debieron recibir esa comisión ya que consideraron contradictoria la posición adoptada por ellos.
“Eso parece contradictorio porque fue el propio presidente República que invitó a la Comisión de los Derechos Humanos, entonces no entiendo por qué los miembros del Tribunal Constitucional no los reciben”, cuestionó Aníbal Rosario, legislador por el PRD.
Los congresistas afirmaron que tribunal representa un poder independiente en el Estado y que sus decisiones son fijadas mediante sentencia.
