Empresarios del comercio y colmaderos se unieron ayer a las voces de distintos sectores de la vida nacional que claman por acciones rápidas y efectivas de las autoridades policiales para enfrentar la ola de violencia y criminalidad que afecta al país con su secuela de asaltos, robos y asesinatos.
Incluso, los comerciantes detallistas, organizados en el Consejo de Comercio Dominicano, denunciaron que pagan “peajes” para evitar que las pandillas de los barrios donde están instalados asalten sus negocios.
“Ahora tenemos que agregar a nuestro quebrantado inventario, el costo de pago de peaje (extorsión) que nos imponen los pandilleros en los barrios con el chantaje de ser protegidos de un asalto”, afirmó Reinaldo Quiñones, vocero de la entidad.
Mientras, el detallista Juan José Santana, dijo sentirse “desarropado”, porque según sus propias palabras, “no tenía quién me ayudara, entonces conversé con ellos (los pandilleros) y me dijeron que tenía que darles 200 o 300 pesos para nosotros ayudarnos también”.
De su lado, la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) sugirió que el país se aboque a un plan que tenga como objetivo fortalecer el Estado de derecho, la seguridad y la justicia ante el aumento de la violencia, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.
“Ante la rampante ola de violencia que ocupa las primeras páginas de los periódicos, mantiene el desasosiego de la familia y afecta el turismo y el comercio, debemos incrementar la capacidad de respuesta, eficacia y eficiencia del Estado dominicano”, propuso Antonio Ramos, presidente de la ONEC.
Sostuvo que las autoridades están en el ineludible deber de enfrentar los desafíos de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.
Ramos entiende, asimismo, que ya es el momento de que tanto el tanto el Código Procesal Penal y el Código para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sean revisados, a fin de endurecer las penalidades a los responsables de crímenes.
Destacó que a partir de la aplicación de ambos códigos se han deteriorado el panorama social y han aumentado los índices de criminalidad, porque en su opinión esas legislaciones permiten a las bandas organizadas actuar alrededor de las trabas y deficiencias de ambos códigos.
Ramos ponderó la labor policial, pero señaló que en muchas ocasiones es limitada por los obstáculos de los dos códigos, a los que calificó de benignos con la violencia y la criminalidad.
Sostuvo que en muchos casos los investigadores policiales no tienen motivación en profundizar los crímenes y delitos, porque cuando los delincuentes son aprehendidos el Código Procesal Penal y el Código de Niños y Adolescentes permite que los imputados obtengan rápidamente su libertad o, en el peor de los casos, ni siquiera sean procesados.
