Comienza el año 2015 y en la agenda institucional de la República Dominicana se presentan grandes desafíos a los cuales no se les puede dar de lado. Esto supone superar las dificultades propias de un año preelectoral, en el cual, la intensidad de la campaña tiende a aplazar las reformas políticas pendientes. En un Congreso integrado mayoritariamente por legisladores que buscan la reelección, es muy probable que las decisiones estén determinadas por conveniencias electorales más que por el propósito de consolidar una sociedad democrática. A esto se suman los funcionarios que desde hace meses se encuentran realizando proselitismo electoral en vez de cumplir con el rol que les confiere la Constitución y las leyes.
Precisamente el sistema electoral y el sistema de partidos esperan de una nueva legislación que permita su modernización. Dejar pasar el año sin que esta reforma se realice, sería exponer a la sociedad dominicana a una situación crítica en términos políticos, teniendo en cuenta la magnitud y complejidad de las elecciones generales del 2016. Asistir a ese proceso electoral con la débil regulación existente es una apuesta al caos. Preservar los avances democráticos alcanzados en el país requiere de unas elecciones transparentes, libres, justas y con reducidos niveles de conflictividad. Para ello es fundamental la aprobación definitiva de la Ley de Partidos y de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.
Este nuevo año plantea además el reto de avanzar en la reforma y modernización del Estado. Se requiere de un mayor compromiso con mejorar la función pública fortaleciendo la carrera administrativa y creando las condiciones para la efectiva implementación de la Ley de Regulación Salarial del Estado Dominicano. En tal sentido, no se le puede dar más largas a la aprobación del reglamento que hará posible la aplicación de esta ley. A estos retos se suma el de la urgente necesidad de hacer más eficiente la macro-estructura del Estado, eliminando instituciones que duplican el trabajo de otras y adecuando las nóminas a las necesidades reales de recursos humanos de las distintas dependencias públicas. En el plano institucional, otra tarea pendiente es la de promover una mayor transparencia en la gestión pública. Es necesario reducir la discrecionalidad y garantizar el derecho de acceso a la información pública. Al mismo tiempo, se deben seguir ampliando los esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad y transparencia de las compras públicas. Avanzar en la agenda anticorrupción implica además enfrentar la impunidad, lo que requerirá de una apuesta por un Ministerio Público y un Poder Judicial sin las influencias políticas que les han impedido realizar su trabajo.
