En medio de las denuncias y advertencias de los partidos, la sociedad civil y los organismos observadores sobre la compra de cédulas en los comicios municipales del pasado 18 de febrero, la Junta Central Electoral (JCE) ha iniciado una campaña de orientación sobre los crímenes y delitos electorales que contempla la Ley Electoral 20-23.
Dejando claro que este tipo práctica se multa y se paga con cárcel con penas que van desde los dos meses hasta diez años, el órgano electoral llama a denunciar este flagelo ante las fiscalías más cercanas.
Los artículos 310 al 318 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23 establecen las sanciones, multas y penas que se imponen en caso de cometer algún crimen o delito electoral.
Con extractos de la referida legislación como “Obstaculizar o cohibir a un votante cuando se dirige a un colegio electoral a ejercer su derecho al voto es un delito electoral que se paga con cárcel”; “Enseñar tu voto es un delito electoral que se paga con cárcel”; “Si tienes empleomanía a tu cargo y amenazas con despedir a quien quiere votar, es un delito electoral que se paga con cárcel”; “Si pides dinero, favores o regalos a cambio de votar a favor de cualquier candidato o candidata, es un delito electoral que se multa y se paga con cárcel”; “comprar o vender una cédula de identidad y electoral se paga con cárcel”, la JCE alerta a los ciudadanos a través de la redes sociales.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), que fungió como observadora en las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, expresó en su informe que se pudo constatar la compra de cédulas. Lo mismo expresaron el movimiento Participación Ciudadana y los partidos de oposición. Todos pidieron enfrentar esta práctica.
Hace unos días, los partidos de oposición hicieron una serie de exigencias y peticiones a la Junta Central Electoral de cara a las elecciones del 19 de mayo, entre estas estaba “hacer una campaña de concientización que eduque acerca de que la venta de la cédula es un delito electoral”.
¿Quién investiga, actúa y persigue estos delitos?
La investigación de estas violaciones a la ley electoral la ejecuta la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, que depende de la Procuraduría General de la República. Desde 2020, cuando se tipificó esta práctica como delito, hay precedentes de condenas por compra de votos. Actualmente, luego del proceso del 18 de febrero, hay varias personas procesados por dicho flagelo.
