El abordaje del tema mujer y política generalmente se inicia analizando el problema de la discriminación contra la mujer, y los especialistas en el estudio de esta situación consideran que las conductas discriminatorias se construyen en un contexto de relación de poder en el que está presente una concepción de superioridad-inferioridad, la cual influye en la manera de percibir el mundo y en las relaciones sociales.
Además, se plantea que la exclusión histórica de las mujeres es producto de que sus derechos fueron concebidos como una extensión de los de sus cónyuges, quienes se consideran, los protagonistas.
Los partidarios de la no discriminación pretenden que las mujeres sean tratadas como iguales, que cuenten con las mismas posibilidades de acceso a todos los derechos, incluyendo la participación jurídica, política y económica. Desde esta perspectiva se estima que el funcionamiento democrático de un país y la vigencia del Estado de Derecho han de implicar la igualdad de mujeres y hombres en el acceso a cargos públicos, electivos y por designación y a los cargos de dirección y gestión en las empresas del sector privado o público.
En la sociedad dominicana, la democracia está sustentada en partidos y movimientos políticos. El ascenso de los partidos y sus representantes a los poderes del Estado está basado en los trabajos de las organizaciones políticas, que son las que presentan las candidaturas en los procesos electorales.
Los hombres predominan en los organismos de dirección de los partidos y, en consecuencia, las decisiones se toman desde sus particulares puntos de vista. Estas decisiones, por lo general, están permeadas por discriminación de género.
La participación de la mujer, en la estructura de alta dirección de los partidos políticos, es baja, con independencia de su tamaño, que los clasifica en mayoritarios y minoritarios. En los tres partidos mayoritarios, la tasa de participación femenina en los cargos de dirección es de 18.8 %. En los minoritarios, 24 en total, las mujeres ocupan el 20%. En lo relativo a los cargos congresuales y municipales, las elecciones celebradas desde 1962 hasta mayo 2016, las mujeres electas como diputadas no han alcanzado un 30%. El porcentaje más alto se logró en el 2016 con un 27.5% en la Cámara de Diputados.
Mientras que a nivel municipal, actualmente las alcaldesas apenas representan el 12% de las electas.
En República Dominicana, se aplica la Ley de Cuota Femenina en la elección de los diputados, diputadas y regidores/as. Dicha cuota es de 33% en la actualidad. Sin embargo, aunque se aplica en las postulaciones a diputadas y regidores, hasta el presente no se ha hecho realidad en los resultados electorales.
A partir del año 2002, en el país se aplica el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas, permitiendo que los electores voten por el diputado o la diputada de su preferencia. Esta medida tampoco ha impactado la participación de la mujer en los cargos congresuales y municipales, a pesar de ser mayoría en las organizaciones políticas y haber alcanzado mayores niveles de formación educativa que los hombres.
Ni la Ley de Cuota Femenina ni el Voto Preferencial han producido cambios significativos a favor de la participación igualitaria de la mujer dominicana en la política, lo que sugiere definir estrategias eficaces para lograr que lo establecido en la Constitución Dominicana sobre la igualdad y equidad de género y, de esa manera, superar una materia históricamente reprobada. El propósito es que esa aspiración se concretice en las relaciones sociales y en leyes adjetivas, económicas, políticas y culturales, para que hombres y mujeres podamos avanzar juntos, de igual a igual, hasta lograr una República Dominicana justa, humana, solidaria, moderna e inclusiva; y hacer realidad el Estado Social y Democrático de Derecho que hemos asumido constitucionalmente.
