La segunda legislatura ordinaria 2024 cerró de manera oficial la noche de ayer domingo y con ella los trabajos congresuales, siendo un periodo de logros y retos para los senadores y diputados, quienes aprobaron importantes asuntos y dejaron otros pendientes.
El periodo de 150 días de trabajo se vio matizado por algunas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) contra piezas legislativas, “problemas” que deberán resolver el Congreso Nacional a partir del próximo 27 de febrero, cuando se inicia la primera legislatura ordinaria 2025 y los parlamentarios vuelven a laborar.
Esto salvo que el Poder Ejecutivo convoque a una legislatura extraordinaria antes de la fecha señalada.
Los tres fallos del TC contra las leyes 1-24, 20-23 y 10-15 fueron “golpes duros” al Congreso en la recién pasada legislatura, obligando al primer Poder del Estado a prestar más atención al momento de legislar y a resolver esos temas, uno de los cuales tiene fecha de caducidad.
Tema sigue en la palestra
La sentencia de la alta corte que modifica los artículos 156 y 157 de la Ley 20-20 Orgánica del Régimen Electoral, para permitir la inscripción de candidaturas independientes, sigue dando de qué hablar, a un mes de su emisión. El tema no ha caído bien en los partidos políticos y mantiene dividido a sectores.
El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, volvió a referirse al asunto y advirtió que la parte más delicada de la decisión es que el órgano extrapoder ocupó el papel que corresponde al legislador. Consideró que el Constitucional debió actuar con prudencia frente al tema y cree que el Congreso debe preparar el reglamento para la aplicación del fallo.
Para Olivares, la sentencia TC/0788/2024 implica un impacto en el proceso de sucesión del legislador, porque en caso de muerte, renuncia o inhabilitación de éste, el partido político lo sustituye, mediante el sometimiento de una terna. Sin embargo, dijo que no se tiene claro qué ocurriría con un candidato presidencial, congresual o municipal independiente, en caso de que renuncie o por cualquier razón abandone el cargo, haya fallecido o quede inhabilitado.
El dirigente político fue entrevistado en el programa Esferas de Poder que transmite los domingos RNN Canal 27.
Otro que reaccionó recientemente al controversial fallo del TC, fue el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, quien advirtió que podría someter una propuesta de juicio político contra jueces de la alta corte.
Leyes 10-15 y 1-24
Los legisladores deberán resolver la sentencia del Tribunal Constitucional contra la Ley 10-15, que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana.
El órgano extrapoder expulsó el marco legal del ordenamiento jurídico por ser sancionada por el Senado sin la ratificación de la Cámara de Diputados, y dio un plazo de un año al Congreso para adecuar y aprobar la legislación. De lo contrario, los 111 artículos de la atacada ley quedarán suprimidos y se volvería al marco legal de hace 22 años.
El Congreso deberá trabajar con el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), puesto que, en la pasada legislatura, el TC declaró la inconstitucionalidad de la Ley 1-24.
Perimieron y otras pasan a la siguiente legislatura
Si bien durante la legislatura el Congreso reformó la Constitución, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y aprobó la resolución del Acuerdo de Transporte Aéreo entre RD y USA, entre otros asuntos, no hizo lo propio con otras piezas que llevan más tiempo en espera que esas. Tal es el caso de la reforma al Código Penal, la cual pulula desde hace más de 20 años en los pasillos del órgano bicameral y que, a pesar de los “amagues” de aprobación, perime cada año, incluido el actual.
Otro marco legislativo que pasó “sin pena ni gloria” en la pasada legislatura y que perimió, es la reforma de la Ley 87-01 de Seguridad Social. También perimió, como cada año, el proyecto de ley de agua. Se suma las perimidas, la reforma de la de Compras y Contrataciones; el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y el que regula el embargo retentivo.
Además, quedarán pendientes para la próxima legislatura, aunque no todos perimieron, los pliegos de modificación del ya mencionado Código Procesal Penal; Código Civil; Código de Procedimiento Civil; Código de Comercio de la RD; y Código de Trabajo. También el proyecto de ley de alquileres.
