Este 27 de febrero, el presidente Luis Abinader rendirá cuentas al país de su gestión de gobierno, y se espera que mencione la reforma constitucional como uno de sus logros.
Si bien el Poder Ejecutivo ha impulsado una serie de reformas legislativas, también lo es que hay varias promesas del jefe de Estado en materia de ley a la espera de ser cumplidas.
Una de ellas es la tan esperada reforma de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, que tiene más de 60 años de ser promulgada.
El 23 de junio de 2022, el presidente de la República emitió el Decreto 333-22, mediante el cual se creó e integró una comisión consultiva con carácter honorífico que tuvo a su cargo presentar al Ejecutivo un borrador de ley, para actualizar la legislación vigente promulgada el 15 de diciembre de 1962.
La comisión consultiva, coordinada por Namphi Rodríguez, fue integrada por un equipo de juristas y comunicadores que, en su momento, presentaron el borrador de la normativa a la sociedad civil, lo sometieron a consulta pública y luego lo remitieron al Poder Ejecutivo.
No obstante, la pieza aún no ha sido sometida al Congreso Nacional. La última vez que el presidente de la República hizo referencia a la referida propuesta fue el 8 de abril de 2024, en LA Semanal. Ese día, el mandatario presentó ante miembros de la prensa nacional diversos aspectos que integran el anteproyecto de ley de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales, que busca actualizar la Ley 6132.
Ley de agua
El proyecto de ley de aguas es otra de las iniciativas promesas del Gobierno y una de las más esperadas por la población.
La triste realidad es que el Congreso aún espera ese pliego legislativo, el cual elaboraba el Gobierno, y cuyo borrador tuvo sus últimas modificaciones en octubre de 2023. Se dijo, en ese fecha, el proyecto sería entregado a los entonces titulares de los ministerios de Economía y Medio Ambiente “dentro de una semana” para que decidieran el curso de la pieza. Sin embargo, el marco legal no ha llegado a los legisladores hasta ahora.
El anteproyecto de ley de agua, que busca regular el uso, acceso y manejo sostenible del recurso hídrico en el país, fue actualizado por el viceministerio de Suelos y Aguas de Medio Ambiente, así como por la Dirección Jurídica.
Según se informó a principios de octubre del 2023, Pável Isa Contreras y Miguel Ceara Hatton, ministros del momento de Economía y Medio Ambiente, respectivamente, recibirían el borrador de la pieza en una semana, para que, si así lo consideraran, lo entregaran al Poder Ejecutivo, quien, al tener iniciativa legislativa, tiene la facultad de introducir la pieza en una de las dos cámaras congresuales. Lo que no ha ocurrido aún.
Al respecto, el lunes 27 de enero de este año, en LA Semanal, el presidente Luis Abinader prometió que sometería la iniciativa al Congreso “después del 27 de febrero”.
Ley de trata
En la lista de las promesas legislativas del Gobierno a espera de ser cumplidas está el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, el cual fue retirado del Senado de la República en febrero de 2023, “para lograr el consenso público necesario”.
La pieza fue sometida a la Cámara Alta el 12 de diciembre de 2022, pero tuvo que ser retirada ante el rechazo nacional por ir en contra de la autodeterminación y soberanía del país. El 12 de febrero de 2023 el jefe de Estado prometió que “en un plazo no mayor a los 45 días” volvería a introducir la controversial iniciativa.
En junio de 2024, el Presidente sometió un proyecto que hace leves modificaciones a la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes. El Gobierno explicó que no se trata de la pieza retirada, ya que “requiere un debate pausado”.
Seguridad Social y Controlaría
Además de los proyectos de ley señalados, el Poder Ejecutivo deberá someter al órgano parlamentario el pliego legislativo para reformar la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
De igual manera, el Congreso espera el proyecto de ley para modificar la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de la República (Ley 10-07), que persigue garantizar un control riguroso y una evaluación completa de los procesos y actividades gubernamentales.
Proyectos para fusionar y eliminar instituciones
Como parte de sus esfuerzos por racionalizar y modernizar la administración pública, el presidente Luis Abinader se dispuso eliminar y fusionar instituciones, algunas mediante proyectos de ley que sometería a las cámaras legislativas.
Aunque el Ejecutivo ha introducido piezas en ese sentido, hay otras que están a la espera, tal como la iniciativa que fusionaría el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
En ese sentido, el ministro del Mescyt, Fraklin García Fermín, comentó la semana pasada que no está seguro de que el proyecto de ley llegue a manos del presidente de la República antes del próximo 27 de febrero.
Dos semanas atrás, el titular del Minerd, Ángel Hernández, dijo que estarían entregando el primer borrador de la propuesta de ley que fusionaría las entidades al Congreso Nacional este jueves 27 de febrero.
El pasado 16 de septiembre, en La Semanal, el Gobierno anunció la fusión de seis ministerios, la absorción de algunas direcciones por otras instituciones y la eliminación de varias comisiones, como parte de un plan para optimizar el gasto público y reorganizar el Estado.
