El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, consideró este martes que en los casos de corrupción Super Tucano y Odebrecht, donde la mayoría de los imputados fueron absueltos, se cometió negligencia por parte del equipo a cargo de estos procesos, lo cual, dijo, debe ser investigado por las actuales autoridades del Ministerio Público.
“Permitir que los casos Super Tucano y Odebrecht llegarán a juicio de fondo sin las pruebas correspondientes, a pesar de tener el compromiso escrito de entregar las mismas por partes de ambas empresas (que admitieron dar sobornos a cambio de adjudicaciones), revela una clara obstrucción a la justicia y, en el menor de los casos, una negligencia grosera que debe ser investigada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, precisó Abreu.
Durante una rueda de prensa ofrecida por el movimiento cívico con relación a estos procesos judiciales, como el de los Tres Brazos, donde un tribunal liberó a los imputados de ir a juicio de fondo, Abreu manifestó que con esto el sistema de justicia ha fallado.
Indicó que la sentencia absolutoria dictada a favor de todos los imputados en el caso el caso Súper Tucano, y él no ha lugar en el de Los Tres Brazos, se suman al expediente Odebrecht (donde hubo dos condenados y cuatro descargados) “en la misma ruta de impunidad que sigue nuestro país desde siempre, dejando muy mal parado al sistema de justicia”.
“No importa que la culpa sea del Ministerio Público o de los jueces, quien resulta finalmente perjudicado es la ciudadanía”, indicaron.
Manifestó que el sistema de justicia ha fallado pues, aseguró, los hechos criminales han sido “mucho más que evidentes”, llegando en los casos de las empresas brasileñas (en los casos Super Tucano y Odebrecht) hasta el punto de haber confesado los sobornos y declarado los montos entregados.
“En Los Tres Brazos se vendieron terrenos del Estado en forma irregular y contrario a la Constitución y las leyes, en favor de una empresa privada y en perjuicio de personas que ocupaban dichos terrenos por largos años. No cumplieron con la obligación constitucional de obtener la aprobación del Congreso Nacional, según se hizo constar en un informe rendido por una comisión especial encabezada por el entonces Consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal”, comentó Abreu.
Sostuvo que el movimiento cívico que coordina, piensa que con en el caso Super Tucano, se revela la “imperiosa necesidad” de introducir reformas que impidan se instale el interés partidario en el Ministerio Público. “Pues este caso, al igual que el de Odebrecht, estuvo bajo la responsabilidad de Jean Alain Rodríguez, un procurador general de la República que fue incapaz de perseguir la corrupción de sus propios compañeros de partido”, agregó.
A su entender se presentaron acusaciones sin haber recolectado en Brasil las pruebas que las empresas se comprometieron a entregar cuando firmaron con él sendos acuerdos de penal abreviado.
Abreu indicó que las decisiones sobre estos tres casos se producen en momentos en que se “han instalado francotiradores que pretenden descalificar a la magistrada Miriam German Brito, a pesar de que estos expedientes, al igual que la precaria situación carcelaria que existe en el país, no han sido responsabilidad suya”.
“Las críticas a la magistrada Germán tienen por finalidad presionarla para hacerla renunciar a su posición y colocar allí a alguien que permita que los escándalos de corrupción que cursan ante el Poder Judicial o se encuentran bajo investigación actualmente, sigan la suerte de los preparados bajo la responsabilidad del antiguo procurador general de la República”, concluyó Abreu.
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana reiteró su confianza en el equipo encabezado por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, e integrado, entre otros, por Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Indicaron que el Movimiento cívico se ha comprometido a dar seguimiento a los casos de corrupción sobre los cuales se presente acusación y dijeron que seguirán defendiendo el derecho que el Código Procesal Penal les concede de tener acceso a las las documentaciones y sus pruebas y a divulgarlas, con la única intención de que la ciudadanía conozca el contenido de las mismas y pueda formarse su propia opinión.
Concluyeron que respetan la obligación de los jueces de fallar los casos conforme a las pruebas presentadas y solo bajo el amparo de la Constitución y las leyes, pero, al mismo tiempo, dijeron defienden el derecho ciudadano de propugnar y luchar por el fin de la impunidad que ha permitido el enorme crecimiento de la corrupción en el país.
