Parece que modificar el Código Penal, del año 1844, ya no es prioridad para el Gobierno, que ha preferido recurrir a los “parches judiciales” para tipificar delitos, así como actualizar las penas para crímenes y delitos cometidos.
El Ejecutivo ha presentado dos proyectos de ley que contemplan calificaciones jurídicas, delitos, que estarían contemplados en los proyectos de modificación al Código que durante muchos años ha permanecido en el Congreso Nacional.
De igual modo, se introduce la figura de protección a las víctimas, algo que hace mucho se ha estado demandando.
El 12 de enero 2024 permitiría, una vez más, el proyecto de reforma integral al CP, después de haber sido aprobado en el Senado y en primera lectura en la Cámara de Diputados, donde fue enviado a comisión para ser modificado. El informe parcial de la comisión especial a cargo de ella, estaba presidido por el exdiputado Alexis Jiménez. Durante esta legislatura, no se ha vuelto a hablar ni a tocar el tema.
En el año 1997, la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, introdujo modificaciones al CP. Luego en 2014 se modificó mediante la ley 550-, pero esta fue declarada no conforme con la Constitución por el Tribunal Constitucional por considerar que se violentó el procedimiento para su aprobación.
Esa normativa establecía una amplia y profunda reforma de la norma vigente. Entre ellas, el principio de cúmulo de pena, elevaba hasta 40 años la prisión para el sicariato y el feminicidio, además de contemplar una serie de sanciones para la corrupción y el tráfico de influencia.
Del 2015 hasta a la fecha, varias veces se ha intentado tener un nuevo ordenamiento jurídico que integre todos los delitos. Sin embargo, las comisiones bicamerales, las vistas públicas y consultas con especialistas en diversas áreas, ni la voluntad de los partidos y líderes políticos han podido brindar a esta sociedad, la tan necesitada normativa.
Cuando ocurren hechos que consternan a la población y para lo cual no se cuenta con la actualización jurídica para aplicar una pena o sanción, es cuando en la palestra se vuelve a colocar el tema de la necesidad de modificar el código. Mientras eso no se da, entonces las autoridades recurren a parches jurídicos para subsanar una necesidad inmediata.
¿Los parches jurídicos son las opciones más convenientes para actualizar el marco jurídico? ¿El gobierno tiró también la toalla en cuanto a buscar consenso para lograr el Código que desde hace unos 20 años se discute en el Congreso? Juristas y especialistas en materia penal, así como legisladores consultados por elCaribe, expresan su opinión al respecto.
“Una ley especial donde se intenten incorporar tipos penales que ya en su mayoría estaban o tenían una previsión clara en el proyecto de Código Penal es un claro mensaje de que el Gobierno se siente derrotado en lo que respecta a ese gran proyecto que ningún gobierno ha querido asumir con entereza y que necesitamos para poder proyectar nuestra política criminal”, considera el jurista Thiago Marrero.
El abogado considera que el Gobierno estaría viendo esto a una alternativa para no volver a someter al debate lo relativo a temas como la despenalización del aborto, la no discriminación a población vulnerable, la violación sexual en la pareja, entre otros. Es decir, procuraría colocar en este nuevo proyecto, delitos que saben que la gente no va a tener ninguna posición y que todos van a estar de acuerdo con una nueva política criminal.
Sin embargo, esto dejaría al país con un código viejo y mantendría el archipiélago de leyes penales cuando se pudiera tener todo claramente codificado, sistematizado e integralizado en un código que permite de alguna manera generar confianza y seguridad jurídica al momento de procesar los delitos, añadió.
“Eso lo que te deja a ti claramente dicho es que el Gobierno no tiene una voluntad clara ni firme de iniciar el debate, otra vez, de una modificación revisada, integral y consensuada de lo que es el Código Penal”, puntualizó.
De su lado, el abogado Félix Portes, considera que el gobierno busca evadir los obstáculos que ha tenido el CP con el sometimiento del el Proyecto de Ley de Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, que fija pena de 10 a 30 años de prisión a las personas que constituyan una organización criminal para cometer delitos, como lavado de activos, terrorismo, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados, esos sometimientos.
“Busca evadir los obstáculos que tiene el Código Penal estancado y lograr que modifiquen las penas y tipos penales para dar una respuesta a organizaciones criminales y la injusticia que implica, por ejemplo, que un autor intelectual de un asesinato sea visto como cómplice, recibiendo una pena inferir a las personas que contrató para cometer el hecho”, explicó.
Diputados opositores
Diputados de partidos de oposición piden aprobación del Código Penal en lugar de los dos proyectos de ley sometidos por el Ejecutivo. Refieren que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) debe aprovechar que tiene mayoría en ambas cámaras.
Explican que la pieza legislativa con más de 20 años de discusión en el Congreso es más integral que las dos propuestas “contraproducentes” del Gobierno, comprende más delitos y hará que el país tenga una mejor política criminal del Estado. Además, que la modificación del Código es un pedimento de la sociedad.
El diputado de Fuerza del Pueblo (FP) José Alberto Jiménez cuestionó que se quiera “inventar con otra ley” cuando lo que se debería hacer es aprobar el nuevo Código, que es lo que el país requiere.
“En el Código Penal lo que lo ha tenido frenado, que son las causales, podríamos dejarlas a un lado. Hay otros elementos que son beneficiosos para la sociedad para combatir el crimen que se deben aprobar, por eso nosotros decimos, si el presidente (Luis Abinader) quiere, debe dar la primera señal aprobando el Código, que contempla penas hasta de 40 años”, subrayó.
Aunque, Danilo Díaz, diputado nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), explicó que apoya cualquier iniciativa que vaya dirigida a fortalecer y mejorar la seguridad ciudadana y a reducir la violencia intrafamiliar y social, este dijo que la actualización del Código Penal debe ser aprobada antes que cualquier otra iniciativa relativa.
Al congresista le parece “contraproducente” que el Poder Ejecutivo introduzca los dos proyectos de ley sin concluir con el conocimiento del Código. “¿Para qué vamos a seguir discutiendo, si no avanzamos en lo otro?”, preguntó.
Díaz responsabilizó al actual gobierno de que aún no se haya aprobado la reforma del Código Penal, porque tiene la mayoría de legisladores en cada cámara. Explicó que así como aprueban de forma rápida los presupuestos y “una fiesta” de préstamos, pudieron haber refrendado, hace tiempo, la pieza legislativa.
“No critiques al que no ha hecho”
El presidente Luis Abinader afirmó que el proyecto sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales responde a uno de los principales desafíos de la región y del país; el combate al crimen organizado.
Tiene por objeto establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en ella, de conformidad con los estándares internacionales.
Tipifica a una organización criminal como grupo de dos o más personas que integran, constituyen o promueven una organización con reparto de tareas o funciones, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros, a través de la comisión de una serie de delitos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, respondió a los señalamientos de la oposición, que cuestionó que el proyecto del Código Penal no se haya aprobado, al ser el oficialismo mayoría en el órgano bicameral.
Dijo que la iniciativa no ha sido aprobada por los perremeístas por las mismas razones por las que no lo fue en los gobiernos de la oposición. “¡Pero por Dios! No critiques al que no ha hecho lo que tú dejaste de hacer, lo que no se ha hecho en cuatro años, que tú tuviste 20 años y no lo hiciste”, sustentó.
“Ese proyecto que acabamos de recibir ayer (el pasado martes) no debe ser tema de discusión, porque todos lo que queremos es un mayor nivel de seguridad y que haya régimen de consecuencias, para poder decir que vamos avanzando y logrando los avances que espera el país en cuanto a controlar la criminalidad. Todo no se puede criticar, por Dios”, sostuvo.
 | ”El gobierno se siente derrotado en lo que respecta ese gran proyecto que ningún gobierno ha querido asumir” Thiaggo Marrero Abogado |
 | ”Los proyectos son correctos porque abarcan más de tres leyes especiales que necesitan ser actualizadas” Félix Portes Abogado |
 | ”En el Código Penal lo que lo ha tenido frenado, que son las causales, podríamos dejarlas a un lado” José Alberto Jiménez Diputado FP |
 | ”Contraproducente. ¿Para qué vamos a seguir discutiendo, si no avanzamos en lo otro?” Danilo Díaz Diputado PLD |
