Santiago. Fueron detenidos cuatro gerentes de la Cooperativa de Servicios Múltiples (Coopegas), acusados de homicidio involuntario, tras la explosión que dejó 11 muertes y dos heridos en Licey al Medio.
El titular del Ministerio Público, magistrado Francisco Núñez, dijo que solicitará prisión preventiva como medida cautelar contra el presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples, Audilio Concepción; el gerente general Héctor Ramón Vásquez Sandoval; el encargado de Operaciones, Roberto Polanco Marte y el encargado de la planta en Limonal, Licey al Medio, Emilio Jean, bajo la acusación de homicidio involuntario, al determinarse que hubo negligencia y fallas mecánicas que detonaron el incendio y las muertes. Además de las 11 víctimas fatales, otras dos personas sufrieron lesiones graves.
Núñez dijo que la investigación culminó, arrojando que hubo errores humanos, así como mecánicos, ya que el vigilante de la envasadora, que también murió fruto de la explosión, Francisco Trinidad, no tenía un mínimo de conocimiento sobre la manipulación de las válvulas, y abrió dos motores, en lugar de uno. La apertura de estos motores, explicó el magistrado Núñez, provocó una abrupta salida de combustible a través del flexible, una pieza clave del tanque dispensador.
Además del error humano, tres válvulas tampoco funcionaron: las de enfriamiento, que estaban cerradas; las de cierre de escape y el swich o break que suspende la energía eléctrica, el cual no se activó. Dijo que el Ministerio de Industria y Comercio establece que toda estación de expendio de combustible, debe tener esos tres sistemas de protección contra posibles incidentes y todos fallaron en Coopegas.
El magistrado Núñez aseguró que la empresa se escuda detrás de la constitución de una cooperativa para evadir impuestos, por lo que pudieran definirse otros tipos penales.
Coopegas rechazó el arresto del que fueron objeto el presidente del Consejo de Administración, el gerente general, el gerente de Operaciones de dicha entidad y el encargado de la estación de Gas Coopegas. Consideró improcedentes las medidas del juez de atención permanente, alegando que la estación accidentada contaba con todos los permisos de operación y requerimientos de seguridad de las autoridades nacionales y locales, sometiéndose a los parámetros y revisiones necesarias.
