El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, dijo ayer que el proyecto de ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 no crea más impuestos a las telecomunicaciones ni ningún costo adicional para los usuarios.
A través de una nota de la Presidencia, explicó que el costo lo absorberá el mercado intermediario de las comunicaciones, es decir, el llamado wholesale o mayorista. “Un sector mayorista que obtiene actualmente beneficios en torno al 500% y tiene, por tanto, margen para absorber esa tasa”.
“Esta ley deroga la anterior ley No. 140-13 y establece una nueva modalidad de financiamiento mediante una tasa que se aplicaría únicamente a las llamadas realizadas al país desde el extranjero”, detalló.
Sin embargo, el funcionario adujo que esta tasa no supondrá un costo adicional a ningún usuario, ni para el que llama desde fuera ni para los receptores, ni supondrá un impuesto adicional a las empresas dominicanas de telecomunicaciones.
Aclaró, además, que la aplicación de esta tasa no viola los tratados y acuerdos internacionales o multilaterales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ni del DR-CAFTA.
De igual modo, Montalvo indicó que el proyecto de ley establece un sistema de control y de lucha contra el fraude de las telecomunicaciones, por lo que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) dispondrá de un mecanismo de control del mercado internacional en beneficio del país.
La iniciativa fue aprobada en segunda lectura el pasado miércoles por la Cámara de Diputados con 101 votos a favor y 37 en contra. Ahora, la pieza tendrá que ser conocida por el Senado de la República.
Entidad rechaza proyecto
En tanto que la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Asodecu), rechazó la aprobación del proyecto de ley.
La entidad señaló que el gravamen de 0.02 dólares estadounidenses, que deberá ser pagado por las prestadoras de servicios de telecomunicaciones instaladas en el país, pero que estas se lo cargarían a los usuarios del sistema, se sumaría al ya elevadísimo cargo que cada mes se le carga consistente en un 18% de Impuesto a la Transferencia los Bienes
Industrializados y Servicios, ITBIS, 10% de Impuesto Selectivo y el 2% para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, para totalizar 30% convirtiéndose en el más caro de la región.
Asodecu sugirió a los congresistas que deben identificar otras fuentes, para financiar tan importante servicio que brinda el 9-1-1 a la ciudadanía, pudiendo ser por ejemplo, las Administradoras de Riesgos de Salud, ARS, que según indican, obtienen suficientes ganancias de los usuarios, “servicio que estará en capacidad de cubrir económicamente”.
La institución recordó que días atrás las empresas telefónicas manifestaron su rechazo al nuevo impuesto, ya que según estos, el gravamen viola acuerdos internacionales y conllevaría nuevas inversiones y gastos por parte de un sector que está sobrecargado.
