La directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, entregó a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, un expediente que detalla presuntas irregularidades detectadas en una Regional de Educación del Ministerio de Educación (Minerd), correspondientes a la gestión del exministro Ángel Hernández.
La decisión responde a una solicitud remitida por el propio Ángel Enrique Hernández Castillo, con el objetivo de profundizar una investigación en curso sobre la ejecución de fondos destinados al mantenimiento de centros educativos en zonas rurales.
Es importante destacar que, aunque la solicitud fue realizada por Hernández, la nota de prensa servida a los medios de comunicación no especifica la fecha en que se hizo dicha solicitud, ni a cuál de las regionales de educación corresponde la investigación.
Pesquisas
Según los hallazgos de la Dirección de Fiscalización y Cumplimiento de Procesos del Minerd, se transfirió una suma de RD$25,142,600.00 para proyectos de reparación de escuelas que inicialmente no requerían intervención. Posteriormente, estos fondos habrían sido utilizados sin el debido cumplimiento a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones públicas.
El informe señala la adquisición de 1,595 abanicos por un monto de RD$33,461,011.05, lo que parece indicar una sobrevaloración y una posible vulneración de la referida Ley de Compras y Contrataciones.
En virtud de estos hechos, la Digeig remitió el expediente para su debida investigación, con el fin de determinar la existencia de las supuestas irregularidades y en consecuencia establecer responsabilidades penales, civiles o administrativas en caso de que corresponda. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental ha sometido 48 expedientes a la Procuraduría. A estos se suman otros expedientes remitidos por entidades como la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública entre otras entidades que podrían tener implicaciones penales.
Hay cientos de casos entregados al MAP
En declaraciones anteriores, la directora General de la DIGEIG, Ortiz Bosch aclaró que su rol consiste en proporcionar un instrumento ético y entregar la documentación a quien corresponda investigar, ya que someter a alguien ante la justicia no es de su competencia. Por lo tanto, tiene “cientos” de casos depositados en el Ministerio de Administración Pública (MAP).
