Tres leyes aprobadas por el Congreso Nacional durante los últimos dos años fueron devueltas por el Poder Ejecutivo o suprimidas por el Tribunal Constitucional (TC), por no estar de acuerdo con las piezas o porque contradicen la Carta Magna.
Las legislaciones quitaron el “invicto” del cual gozaba el Congreso dominado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual desde el 16 de agosto del 2020 hasta mediados de 2023 evacuó iniciativas sin ningún tropiezo ante el Ejecutivo y el órgano extrapoder.
La primera ley que aprobaron las cámaras parlamentarias y que fue “frenada” en el camino, fue la Ley de Incentivo a la Aviación Civil.
La iniciativa sometida por el presidente Luis Abinader fue observada y devuelta al Congreso el 1 de agosto de 2023, porque los parlamentarios le realizaron cambios que “alteraban su esencia”, los cuales, de acuerdo al Ejecutivo, afectaban la proyección de las recaudaciones fiscales. Contrario a la propuesta inicial.
La ley modificada por los congresistas extendía la exención fiscal a operadores aéreos nacionales e internacionales con establecimiento en el país que se dedican al transporte de pasajeros, carga o correo nacional o internacionales y al conjunto de actividades vinculadas a la explotación comercial de rutas de aeronaves civiles para el transporte interno o internacional de pasajeros en la República Dominicana.
Mientras, la pieza original y que recomendó sancionar el jefe de Estado deja fuera de excepciones fiscales los aviones privados y de carga, y se ratifica con ello el privilegio para vuelos comerciales internacionales de pasajeros, operados por aerolíneas dominicanas o extranjeras con establecimiento permanente en el país.
El Congreso acogió las observaciones del Gobierno y refrendó la pieza el 26 de septiembre de 2023.
La segunda devolución legislativa
La segunda observación del presidente Luis Abinader a una ley ocurrió el 5 de enero del presente año. La legislación fue refrendada cinco meses antes.
Se trata de la reforma a Ley de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (Ley 10-04), la cual el Poder Ejecutivo devolvió al Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, para eliminar párrafos y numerales, y agregar otros puntos de reformas.
Las observaciones abarcan los artículos 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42, 45, 53, 54, 52 y 90 de la ley aprobada.
Mediante una carta dirigida al titular de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, el mandatario presentó observaciones, en las que propuso otorgar más poder al presidente de la Cámara de Cuentas (CCRD), regular ese poder y precisar nuevas infracciones y más sanciones, a fin de evitar enfrentamientos entre los cinco miembros del pleno.
“Consideramos que varias de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley aprobado podrían crear dificultad en la operatividad de la Cámara de Cuentas, y afectar con ello el sistema de control, indispensable para el equilibrio de poderes y la institucionalidad democrática configuradas en el artículo 4 de la Constitución”, sostiene el gobernante en la misiva.
El marco legal de autoría del senador Félix Bautista (FP-San Juan) fue remitido a la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas del órgano parlamentario para que las observaciones sean estudiadas, tal como establece la Ley Sustantiva en los artículos 102 y 103. El Congreso acogió y aprobó las observaciones el 25 de junio de 2024.
Fue derogada por el Tribunal Constitucional
El tropiezo más reciente del Congreso Nacional dominado por los perremeísta fue con el Tribunal Constitucional, quien declaró la inconstitucionalidad de la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), mediante la Sentencia TC/0767/24.
La alta corte indicó en su sentencia que la aprobación de la Ley 1-24, promulgada en enero de este año, no cumplió con los requisitos establecidos para las leyes orgánicas, lo que llevó a su nulidad. Ponderó que la normativa no mencionaba de manera explícita su carácter orgánico, una omisión que afectó su validez.
El fallo unánime de los jueces de la alta corte responde a una serie de acciones directas de inconstitucionalidad interpuestas por diversas organizaciones y partidos políticos del país.
La Ley 1-24 (una de las leyes complementarias de la Constitución de 20120) se diseñó para crear la Dirección Nacional de Inteligencia, un organismo encargado de coordinar las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país.
Diversos sectores y actores atacaron la referida Ley ante el TC por considerar que violaba derechos fundamentales al obligar a la ciudadanía a entregar información al Gobierno sin la autorización de un juez.
