Piezas del Poder Ejecutivo se destacan entre ellas, tales como las reformas fiscal, constitucional y laboral
La segunda legislatura ordinaria de 2024, que concluyó la noche del pasado domingo, resaltó no solo por la aprobación y el conocimiento de importantes proyectos de ley y de otros asuntos, sino también por las reacciones que generaron algunas piezas legislativas.
Aunque hubo iniciativas que contaron con el respaldo total de los senadores y diputados presentes en sus respectivas sesiones y no fueron criticadas por sectores, otras, en cambio, generaron ruido; algunas hasta antes de ser sometidas al Congreso Nacional. Las piezas que más “tronaron” fueron las del Poder Ejecutivo.
El pliego de ley que más “feo sonó” durante el ciclo legislativo iniciado el pasado 16 de agosto, fue el proyecto de ley de modernización fiscal, más conocido como la reforma fiscal. El estrépito de la legislación fue tan fuerte, que tuvo que ser retirada por el Ejecutivo 14 días después de que la introdujera en la Cámara de Diputados.
La reforma tributaria, la más esperada por el pueblo en ese momento, fue rechazada casi al unísono por los distintos sectores de la vida nacional, por las medidas impositivas que contenía.
El salón de la Asamblea Nacional del Congreso fue el escenario que concentró a los ciudadanos que se expresaron en torno al texto de la ley, mediante una vista pública. Ese jueves 17 de octubre de 2024 el pueblo “tronó” con un amplio rechazo a las medidas tributarias consignadas en el pliego de ley.
Empresarios, asociaciones, organizaciones, grupos sociales, comerciantes, personas físicas (entre ellas amas de casa, abogados y otros profesionales), se expresaron en contra del aumento de los impuestos y de la eliminación de las exenciones o incentivos a los sectores y áreas de la República Dominicana. Cada quien defendió su sector para que no sea afectado. Ante esto, el Gobierno anunció el retiro de la pieza, que se hizo efectivo el 22 de ese mes.
Con el controversial proyecto, el presidente Luis Abinader quería abordar las medidas de reforma fiscal integral para, entre otros puntos, recaudar 120 mil millones de pesos adicionales con los nuevos gravámenes para el Presupuesto de 2025 y cubrir un déficit de 1.5% del PIB, así como equilibrar las finanzas públicas.
Reforma constitucional
El Congreso Nacional, compuesto en más de un 50% de “sangre nueva” y con una matrícula arrolladora de senadores y diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, pasó a la historia por aprobar la cuadragésima modificación a la Carta Magna, sin embargo, no fue tan fácil.
El pliego de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, sometido por el Poder Ejecutivo el 19 de agosto de 2024, tardó más de un mes para ser sancionado, entre otros motivos, porque no había consenso entre los propios legisladores oficialistas en el tema de la reducción del número de diputados.
Dicho eje fue el más controversial en el órgano bicameral de los cuatro planteados por el presidente Abinader en su propuesta. Le siguió el tema de la unificación de las elecciones; el de robustecer más la independencia del Ministerio Público y, finalmente, el de garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial. En estos puntos abundaron también las opiniones de la oposición y juristas.
A pesar del ruido, los asambleístas oficialistas reformaron la Constitución y la proclamaron el pasado 27 de octubre de ese año. Con esta iniciativa, el presidente Abinader cumplió una de sus metas como gobernante. La modificación a la Ley Suprema causó controversias desde antes de ser sometida.
Reforma laboral
Otra iniciativa del Poder Ejecutivo también “ruidosa”, cuyos efectos aún se sienten, es la reforma laboral o proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley 16-92, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo, introducido en el Senado el 10 de octubre de 2024.
La norma legislativa es la única de las tres reformas del Gobierno aún en curso en el Congreso. La pieza genera debates entre el sector empresarial y el de los trabajadores debido al tema de la cesantía, a pesar de que éste no está contemplado en la propuesta del Ejecutivo.
Los sindicalistas han amenazado con protestar cuando la comisión senatorial encargada del proyecto vuelva a reunirse, en vista de que los empresarios insisten en la modificación de la cesantía.
El proyecto de ley pendiente para la próxima legislatura fue el resultado de un consenso, según el Gobierno.
“Parches” al Código Penal
Otra iniciativa introducidas por Poder Ejecutivo que “retumbaron” en el Congreso, aunque por breve tiempo, fueron dos pliegos de ley que contemplan calificaciones jurídicas y delitos, que estarían contemplados en el proyecto de reforma al Código Penal, que por más de 20 años ha permanecido en el Congreso Nacional.
Se trata del proyecto de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales y otro sobre atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y sujetos en riesgo.
Frente al sometimiento de las normativas, las críticas no se hicieron esperar, algunos señalaron que la modificación al Código Penal ya no es prioridad para el Gobierno, que, en vez de modificarlo, prefirió recurrir a los “parches judiciales” para tipificar delitos, así como actualizar las penas para crímenes y delitos cometidos.
Estrépitos por fallos del TC
Aunque no fueron aprobadas en la pasada legislatura, las leyes 10-15, 20-23 y 1-24 hicieron ruido en el Congreso. Esto debido a sentencias del Tribunal Constitucional contra ellas durante el ciclo legislativo de 150 días.
De hecho, el fallo contra los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, sobre las candidaturas independientes, aún genera polémica, a un mes de su emisión. Hay quienes cuestionan que no se tiene claro qué ocurriría con un candidato presidencial, congresual o municipal independiente, en caso de que renuncie, abandone el cargo, haya fallecido o quede inhabilitado.
En cuanto a la Ley 10-15, que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, el TC expulsó el marco legal del ordenamiento jurídico, lo que el senador por San Juan, Félix Bautista y otros colegas tildaron como “un error” de la alta corte, que, supuestamente, inobservó el procedimiento que llevó a cabo el Congreso con la normativa.
La otra sentencia del Constitucional que “se sintió” en el Congreso, es la derogación de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) debido a que el órgano bicameral no cumplió con los requisitos establecidos para las leyes orgánicas.
Los tres fallos de la alta corte fueron “golpes duros” a los legisladores, obligándoles a prestar más atención al momento de legislar y a resolver esos temas en lo adelante.
Sectores objetan la modificación a la norma
Otra propuesta legislativa generadora de ruidos, es la modificación de la Ley 225-20 General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos, por parte del Senado de la República en la sesión del pasado 7 de enero.
Sectores que refutan la iniciativa advierten que la misma podría resultar en un aumento de los costos operativos, lo que podría trasladarse directamente al precio de los productos y servicios, afectando a los consumidores.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán, de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez, de Puerto Plata.
Ante la avalancha de críticas a la pieza, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, prometió la semana pasada que el controversial proyecto será modificado.
Trasciende
La reforma laboral fue el proyecto que más “feo sonó” durante el ciclo legislativo iniciado el 16 de agosto de 2024.
Tranque
Con la reforma constitucional, en principio, no había consenso entre los propios legisladores oficialistas.
