La modificación de la Carta Magna requiere, más allá de un pacto político, un pacto social, de acuerdo a la opinión de juristas.
Al justificar el planteamiento, los expertos en derecho constitucional creen que la viabilidad de la reforma en este momento político, no obstante las falencias identificables en la Constitución de 2010, “se encuentra en entredicho”.
Según adelantaron, esto es al considerar la falta de experiencia legislativa de senadores y diputados que se estrenan en el Congreso Nacional y las implicaciones de la consagración de la independencia del Ministerio Público y de condicionantes a la reelección del presidente de la República, al tiempo de desatar potenciales efectos tanto positivos como negativos.
Las consideraciones fueron expuestas por Flavio Darío Espinal, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Nassef Perdomo y Ana Isabel Bonilla, en el panel “Constitución: reforma y pacto social”, celebrado por la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en su campus de Santiago, que dirige Edwin Espinal Hernández.
La jueza emérita del Tribunal Constitucional (TC) Ana Isabel Bonilla, explicó que la propuesta de reforma constitucional debería ser consensuada en el plano social y no solo a nivel político. Alertó que el nuevo Congreso estará conformado por personas sin ninguna experiencia legislativa, por lo que entiende que una Asamblea Constituyente debería realizarse cuando estos hayan alcanzado dominio del procedimiento de las cámaras.
Para Cristóbal Rodríguez, en la reforma a la Ley Sustantiva se debe revisar el tema de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura.
