¿Cómo se incita indirectamente el odio?, nadie se ha animado a responder
Este verano, el periódico Folha de Sao Paulo publicó un artículo titulado “Ministerio Público de Sao Paulo denuncia influenciadora feminista por prejuicios contra trans e travestis,” en el cual comentaba sobre la persecución contra la brasileña Isabela Cêpa, quien ha sido amenazada con una potencial condena de 25 años de prisión por comentarios feministas emitidos en las redes sociales.
La prensa reporta que se le acusa de “incitar discriminación o prejuicios” contra las personas trans. Este caso no es aislado y, actualmente, dinámicas similares se están presentando en países como España, Noruega, Alemania y el Reino Unido, usualmente bajo alegatos de que las objeciones feministas contra las políticas trans representan “delitos de odio” pero también disfrazado dentro de otras artimañas jurídicas.
¿Cuál fue el delito de Isabela Cêpa? Expresar en un video publicado en Instagram, donde contaba con más de 50,000 seguidores: “¿Qué decir sobre Sao Paulo? Decepcionante cómo en las elecciones no resultó electa ninguna candidata verdaderamente feminista y la mujer más votada es un hombre”.
Acto seguido, contra ella se movilizó una campaña de intimidación con innumerables amenazas de violencia física, ante lo que la Policía se mostró indiferente. A nivel internacional, estas dinámicas son la norma.
Las amenazas de violencia física contra esta feminista fueron consideradas poco importantes por la Policía, pero sus opiniones disidentes fueron denunciadas como potencialmente criminales.
Esta influencer se enteró de este expediente no por medio de ningún oficial del Ministerio Público, sino por la prensa cuando, minutos antes de publicar el artículo, la periodista de Folha de Sao Paulo la contactó por Instagram para pedirle su opinión al respecto.
Esto nos indica que el interés detrás de esta acusación es meter miedo y generar sensacionalismo mediático. Durante el periodo de campaña, Erika Hilton se ufanó de que iba a procesar a 50 detractoras, incluyendo a Cêpa, por sus opiniones feministas “transfóbicas,” para sacarles dinero y que utilizaría ese dinero para apoyar la causa trans.
Esta persona es una figura pública, política y actualmente recibe el respaldo de las autoridades para intimidar mujeres de esta manera.
Usualmente, la militancia de Cêpa se enfoca en la violencia contra las mujeres y niñas, en particular, los feminicidios y la violencia sexual. Pero la imposición de políticas de “identidad de género” en su país, la impulsaron a objetar lo que ella considera representa el borrado jurídico y electoral de las mujeres.
Eventualmente, cuando la Policía la contactó para informarle sobre la investigación, ella les respondió: “Sí, yo defiendo los derechos de las mujeres sobre una base biológica. Decir la verdad no es un crimen”.
¿O será que, en lo que se refiere a las políticas de “identidad de género” la verdad está siendo criminalizada?
De manera curiosa y simultáneamente alrededor del mundo, utilizar toda la maquinaria del Estado para meter presas a feministas que aboguen por los derechos de las mujeres basados en el sexo y en contra de las políticas de “identidad de género” se ha convertido en la gran fantasía de muches persones.
Recordemos cómo nuestro Poder Ejecutivo, vía Ministerio de la Mujer, propuso en el Día de la Mujer 2021, incluir la tipificación de “crímenes de odio” dentro del Proyecto de Ley del Código Penal.
La propuesta buscaba incluirlo como: “Quien directa o indirectamente fomente, promueva o incite conductas de odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o una persona por razón de identidad de género”. Quien lo cometiese, hubiese sido “penalizado con penas de treinta años de prisión mayor y multas de hasta cien salarios mínimos”.
En el seriado que escribí para elCaribe titulado “La penalización de los sentimientos dentro del Código Penal” pregunté: ¿Cómo se incita indirectamente el odio?, pero hasta la fecha nadie se ha animado a responder.
Brasil es un país con una alta tasa de feminicidios. Sabemos bien que por cada feminicidio existen decenas de casos de violencia contra las mujeres que afortunadamente no terminan en la morgue.
Pero monitorear un tema tan importante como ese se está imposibilitando, ya que, en el 2015, Brasil empezó a registrar las estadísticas de violencia contra la mujer, no en base al sexo de víctima y victimario, sino en base a cómo se quieran identificar.
Es decir, las estadísticas de violencia machista provenientes de países como Brasil ya no sirven para demostrar qué está pasando en un tema tan importante. ¿Sera esto intencional?
Isabela Cêpa, una muchacha influencer a quien políticos con el peso del Estado brasileño intentan intimidar y amenazan con meter presa por sus opiniones feministas, se muestra reflexiva.
“Veinticinco años de cárcel es más tiempo del que recibiría una persona sentenciada por asesinato en primer grado. Es terrorismo psicológico,” asevera.
Dadas las particularidades del caso, es muy poco probable que ella sea condenada en absoluto, y mucho menos a 25 años de cárcel. Pero en lo que se refiere a las políticas de “identidad de género”, también conocidas como el tema trans, la veracidad no es lo importante.
Lo importante es el miedo y la autocensura que se pueda inspirar en la población, y este es un punto al que debemos prestar mucha atención.
El día que salió publicado el artículo en Folha de Sao Paulo, Erika Hilton publicó la noticia en las redes sociales, resaltando con un marcador que potencialmente la condena contra Cêpa sea de 10 a 25 años.
En exclusiva para elCaribe, ella me comentó: “El día que salió esa noticia publicada, muchas de mis amigas y mujeres en mi círculo social borraron publicaciones porque tenían miedo de que sus publicaciones sobre temas feministas las llevaran a la cárcel”.
¿Qué buscan los Estados, o políticos particulares, infundiendo temor en la ciudadanía de esta manera? “Este año tenemos elecciones federales en Brasil, y si eres activista trans haciendo campaña, pues a ti te beneficia esparcir en los medios de comunicación que estás consiguiendo algún tipo de justicia para tu causa castigando mujeres como yo,” explica.
Este tipo de dinámicas parecen propias del Medioevo, en el que amenazar mujeres que sabían demasiado era rutinario. Le pregunté a Isabela que por qué el blanco de la persecución de la libertad de expresión en lo que se refiere al tema trans son las feministas (y no, por ejemplo, los hombres que violentan y agreden esta población), ante lo que me respondió: “Persecuciones como estas son la máxima evidencia del poder de nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras voces.
El hecho de que personas particulares intenten intimidarme y silenciarme utilizando la maquinaria del Estado demuestra que al Estado no le interesa que se escuchen las voces disidentes de las mujeres, ni que la gente entienda cuáles son los problemas con estas políticas identitarias y cómo solucionarlos.
Las mujeres que lo entendemos y somos lo suficientemente valientes para expresar nuestra disidencia, representamos una amenaza para el patriarcado. Como mínimo, deberían ser más creativos, porque esto de intimidar feministas son dinámicas pasadas de moda”.
Esta muchacha tiene apenas 29 años. ¿No teme pasar su juventud presa por ejercer su derecho a la libertad de expresión? “Si me condenan, es verdad que pasaría un tiempo recluida en la cárcel. Pero eso no es lo que más me asusta.
Más que una condena contra mí, lo que me aterra es la posibilidad de que un juez pueda sentenciar a una mujer (a cualquier mujer) a la cárcel, por expresar opiniones verídicas sobre el sexo biológico”.
Una propuesta tan osada y ambiciosa como la del Poder Ejecutivo de penalizar los sentimientos y los pensamientos de las personas con condenas de hasta 30 años de cárcel y 100 salarios mínimos no se evapora ni se desaparece, solo se transmuta.
Lamentable que algunas personas leen sobre el viacrucis que atraviesan mujeres como Isabela Cêpa y no ven un atentado contra la libertad de expresión, sino una inspiración.
