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Santo Domingo.- Desde que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el gobierno el 16 de agosto del 2020, en el Congreso Nacional se han sometido varias resoluciones de invitaciones e interpelaciones a funcionarios, para que acudan al Pleno de la Cámara Alta y Baja a rendir cuentas, sin embargo, hasta el momento ninguno de ellos ha sido interpelado.
Esto a pesar que la interpelación es un mecanismo de control ciudadano realizado a través del Congreso Nacional, que tiene dentro de la tríada de funciones, el fiscalizar, según dijo a elCaribe el experto en derecho constitucional Carlos Salcedo. A esto se le suma que ese requerimiento está avalado en el artículo 95 de la Constitución de la República.
Aunque algunas de las resoluciones depositadas en las secretarías legislativas del órgano parlamentario aparecen con el nombre de “interpelación”, no todas cumplen que con este requisito, ya que para ser consideradas como tal, deben constar con el requerimiento “de al menos tres legisladores”, según consigna el artículo ya mencionado de la Carta Magna.
Es por ello que formalmente sólo cinco de estas iniciativas que aparecen después del 16 de agosto del 2020 pueden considerarse como interpelaciones, de las que cuatro se sometieron vía el Senado y una por la Cámara de Diputados. Las demás, serían invitaciones, y tendrían su raíz en el artículo 94 de la Ley Sustantiva.
Parte de ese artículo precisa que las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyan, podrán “invitar” a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la Administración Pública, así como a cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas.
Carlos Salcedo recordó que cuando los funcionarios no acudan a una interpelación podrían ser llevados a un juicio político.
Consciente de que el PRM tiene mayoría de legisladores en ambas cámaras, dijo que “esa es la democracia”, y exhortó a las minorías hacer el trabajo que deben.
“Si hay mayoría en el Congreso, parte del oficialismo, eso no implica que no pongan en movimiento, que no activen el juicio político aun cuando sea desfavorable a las intenciones de quienes lo han promovido”, indicó el jurista.
Interpelaciones
El uso del recurso de resolución de interpelación en la presente gestión no ha sido exclusivo de legisladores de la oposición, sino también del propio oficialismo.
Ejemplo palpable, es el sanador perremeísta Alexis Victoria Yeb, quien junto a dos colegas, el pasado 15 de marzo, depositó una resolución para interpelar a Ramón Contreras Genao, superintendente de Pensiones, para que explicara sobre las reducciones generadas a las cuentas de capitalización individual de los usuarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), reflejadas en los reportes mensuales emitidos a los afiliados.
Similar a Victoria Yeb, el vocero de la bancada peledeísta en el Senado, Yván Lorenzo, sometió otra resolución para los mismos fines, pero a modo de invitación, ya que solo tenía su firma. No obstante, estos requerimientos no progresaron.
La comisión se reunió el 29 de ese mes y determinó que por los aspectos que tocan, las iniciativas ameritan ser estudiadas con profundidad, por lo que el día 31, solicitaron al Pleno Senatorial extender el plazo fijado para rendir el informe correspondiente, sin conocerse.
Asimismo, el 17 de marzo del 2021, el bloque de senadores del PLD, encabezado por Yván Lorenzo, depositó una resolución para interpelar al director general de Contrataciones Públicas, Carlos E. Pimentel Florenzán, para que comparezca por ante la Cámara Alta, a la hora, día, mes y año que determinará el Pleno del Senado. La resolución fue tomada en consideración ese mismo día y enviada a comisión sin plazo de vencimiento, sin lograr progreso alguno.
Ese mismo bloque, el pasado 06 de julio del 2021, sometió la resolución que solicita la interpelación de Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, a fin de que explique las desvinculaciones “injustificadas” de servidores públicos, que se han estado llevando a cabo en diferentes instituciones gubernamentales desde agosto del 2020, “sin que se le haya entregado las prestaciones laborales correspondientes”.
El 29 de ese mismo mes, la comisión leyó el informe de gestión, dando constancia de que el plazo para rendir el informe había vencido una semana antes. En ese sentido, la comitiva solicitó la extensión del plazo para rendir el informe, sin ejecutarse aún.
La senadora Faride Raful junto a otros legisladores, el 14 de octubre del 2020 sometió una resolución de interpelación para invitar al Pleno de la Cámara de Cuentas de la República, integrado por los miembros, de ese entonces: Hugo Francisco Álvarez Pérez (presidente); Pedro Ortiz Hernández (vicepresidente); Carlos Tejada Díaz (secretario del bufete directivo); Félix Álvarez Rivera (miembro); y Margarita Melenciano Corporán (miembro).
El objetivo era para acudir al Senado, a la hora, día, mes y año que determinará la presidencia de dicho órgano, a los fines de que sean escuchados sobre las razones y situaciones por las cuales esa entidad no había emitido los resultados de las auditorías ya realizadas a las obras ejecutadas por el consorcio ODEBRECHT y las causas por las que las ya dictadas aún no habían sido tramitadas a la Procuraduría General de la República. La pieza fue enviada a la Comisión de Justicia, y no progresó.
Única interpelación de la Cámara de Diputados
El pasado 10 de mayo, diputados sometieron en la Cámara Baja un proyecto de resolución el cual solicita la interpelación del director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, para que dé explicaciones ante los hechos «confusos» que involucran a los agentes de esa entidad en crímenes que han consternado a todo el país.
La iniciativa, que fue enviada a comisión, tiene como proponente principal al diputado José Horacio Rodríguez, de Alianza País; seguido de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, presidente de Frente Amplio; y Braulio de Jesús Espinal Tavarez, miembro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
A petición del Partido Revolucionario Moderno, la resolución se encuentra en la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitrel) de la Cámara de Diputados, sin plazo establecido para ser votada por los miembros de la Comisión Permanente de Interior y Policía apoderada de la misma.
Invitaciones Senado
El senador por Elías Piña en el Senado, Aris Yván Lorenzo Suero, es el legislador que ha sometido más resoluciones de invitaciones en la actual gestión.
Una de ellas fue el pasado 31 de marzo, mediante la cual el Pleno del Senado invita a la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, para que explique sobre los fraudes millonarios en las tarjetas del programa.
La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado a cargo de la iniciativa, se reunió el 04 de mayo siguiente para conocer la propuesta, donde se decidió invitar a la funcionaria para hablar sobre el contenido de la resolución. La reunión se llevó a cabo a puertas cerradas el día 11 de ese mes, y allí se decidió “no ha lugar” a su invitación al Pleno.
En otra resolución, invitó al director general de Prisiones, coronel Roberto Hernández Basilio, ante el Pleno del Senado. La pieza fue enviada a comisión el pasado 25 de mayo con plazo fijo para el próximo 16 de junio. Se está a la espera de ese día.
El senador Antonio Taveras, sometió una resolución que invita al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y demás miembros que integran el Consejo del Poder Judicial, acudir al Pleno del Senado para que expliquen las medidas adoptadas en la gestión virtual de servicios judiciales.
La resolución fue depositada el 16 de noviembre del 2020, tomada en consideración y enviada a comisión el 18 de ese mes. En una de las reuniones de la comisión a cargo, se había decidido rendir un informe favorable. El 25 de noviembre de ese año, se leyó el informe con modificaciones, el cual fue aprobado en única lectura.
Finalmente, la resolución fue remitida a Archivo y Correspondencia el 15 de diciembre de ese año, sin lograr progresar.
Invitaciones con nombres de interpelación
En su intento de interpelar funcionarios, en la presente gestión tres diputados sometieron resoluciones a estos fines, las cuales no cumplen con el artículo 95 de la Constitución, ya que están requeridas por un solo legislador y no un mínimo de tres.
Uno de ellos es el diputado Sócrates Pérez, del PLD, quien el 04 de abril del pasado año, depositó el proyecto de resolución mediante el cual solicitó “interpelar” a la señora Gloria Reyes, directora del programa Supérate. La pieza no ha sido tomada en consideración.
De igual modo, el diputado Tulio Jiménez Díaz, del mismo partido, sometió un proyecto de resolución que solicita la “interpelación” del director general de la Policía Nacional, Mayor General Edward Sánchez González para que explique el motivo real del asesinato a tiros el pasado 30 de marzo del año en curso de la pareja de esposos evangélicos, Elisa Muñoz y Joel Díaz, a manos de una patrulla de la uniformada en Villa Altagracia.
El legislador depositó la resolución el 12 de abril del año pasado. Llegando a iniciar su procedimiento legislativo, en la reunión del 21 de julio del 2021 la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Baja decidió rendir un informe desfavorable.
Su decisión fue tomada luego de considerar que la materia de qué trata la iniciativa “no es competencia del Poder Legislativo”, sino que se le atribuye a otro poder del Estado. “Por consiguiente, como estamos en presencia de una infracción de tipo penal muy grave, de acción pública…le corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal, respecto de las cuales a esta comisión no le corresponde pronunciarse”, indicó la comitiva en su informe, firmado por ocho de sus 15 miembros.
El pasado 14 de marzo, el diputado reformista Pedro Botello, depositó el proyecto de resolución en la Cámara de Baja mediante el cual solicitó la “interpelación” del señor Ramón Emilio Contreras Genao, superintendente de Pensiones, para que explique las razones por la que las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) estaban reportando mes por mes una reducción en los balances de los ahorros de las cuentas de capitalización individual de los afiliados. La pieza no ha sido tomada en consideración.
