La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó la necesidad de que el Senado y la Cámara de Diputados se aboquen en definir una agenda legislativa que priorice algunos temas fundamentales como los de la seguridad ciudadana, la persecución de los crímenes, la investigación profunda de los ilícitos ligados con el lavado de activos, así como la protección de testigos y víctimas.
La Finjus exhortó a los congresistas que sean asumidos para su aprobación, la reforma del Código Penal, para adoptar nuevos tipos penales que son urgentes en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y promover la seguridad ciudadana.
Del mismo modo, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que hay que reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral, para superar algunos problemas detectados en el marco de las elecciones de marzo y julio del 2020.
Mencionó también la actualización de la Ley de Partidos Políticos, para prevenir algunas prácticas que fueron nuevamente reiteradas en el proceso electoral.
También recomiendan modificar la Ley de compras y Contrataciones Públicas, “ya que esta normativa es al mecanismo idóneo para lograr una mayor transparencia en las áreas claves de la Administración Pública”.
La Ley de Protección de Testigos y víctimas y la Orgánica del Ministerio de Interior y Policía, sostuvo Castaños Guzmán, tienen carácter urgente porque “vienen a complementar y profundizar ciertas áreas de reformas anteriores que han quedado lamentablemente empantanadas”.
Equilibrio entre lealtad y compromiso
En el marco del encuentro de la Finjus con los legisladores electos, la jueza del Tribunal Constitucional, magistrada Ana Isabel Bonilla, subrayó el reto que tienen los legisladores de encontrar el equilibrio entre el sentido de lealtad política debida al partido u organización por el que resultó electo, con el sentido de compromiso de abogar por los intereses de la demarcación que representa y los de la República, que es en nombre de quien legisla.
El evento fue dividido en bloques temáticos, sobre diferentes aspectos relativos a la actividad legislativa.
Estuvieron los juristas Jimena Conde, Marcos Cruz, Félix Tena de Sosa, Amaury Reyes, Nassef Perdomo, Patricia Santana y Pedro Montilla. La actividad contó con la relatoría general, de Castaños Guzmán.
Se debe garantizar la protección de derechos
La abogada constitucionalista Patricia Santana, quien habló de las atribuciones del Congreso, precisó que la función legislativa debe garantizar, a través de su ejercicio, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público.
