La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) instó ayer al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a garantizar que el proceso de selección y nominación de los jueces que escoja sea transparente, participativo y consensuado con la sociedad.
Sobre la exigencia de que la fase deliberativa de las reuniones del Consejo sea pública, la Finjus señala que la ley de Libre Acceso a la Información Pública “faculta al Consejo a no publicitar el proceso deliberativo y consultivo previo a la nominación de los representantes de las altas cortes”, pero que sin embargo, eso no exime al Consejo de actuar con transparencia y responsabilidad en el proceso de votación y nominación.
“La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública en su artículo 17 literal h, establece un principio de reserva limitativa cuando se trate de informaciones referidas a consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno”, señaló en un comunicado el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Sin embargo, el documento de la entidad aclara que es obligatorio que el proyecto de reglamento elaborado por el Consejo Nacional de la Magistratura cumpla con el proceso de publicidad y socialización, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información.
Lo anterior “implica que todos los procedimientos sean conocidos por la ciudadanía, que los criterios para evaluar a los candidatos estén claros y sean públicos, que el Consejo anuncie con tiempo las etapas del proceso que irá agotando y que lo haga en plazos que le permita participar a la ciudadanía. Además, es necesario que los criterios de selección sean legalmente establecidos, técnicamente depurados y públicamente explicitados”.
La Finjus también instó a elegir jueces de carrera.
Ciudadanía tiene un rol de veeduría en proceso
La Finjus dijo que aunque el CNM tiene la facultad de conformar las altas cortes, no quiere decir que los ciudadanos deben estar ajenos al proceso. “Un momento de tal trascendencia no puede producirse de espaldas a la ciudadanía, que deberá jugar su rol de veeduría para seguir avanzando en la construcción de la institucionalidad democrática del país”, observó.