Los sometimientos se dan tras varias operaciones contra la corrupción, lavado de activos, el ciberdelito y la trata
Desde hace un año y unos cuantos meses, las autoridades del Ministerio Público se ha dedicado a ejecutar operaciones contra la corrupción, el lavado de activos producto del narcotráfico, el ciberdelito y la trata de personas, cuyos operativos han sido ejecutados con cientos de allanamientos.
Desde entonces han sobresalido un total de 10 operaciones, cada una con un nombre singular. El resultado de esto es nada más y nada menos que 159 personas sometidas a la justicia, la mayoría de ellas están cumpliendo prisión preventiva y otras a la espera de que se le conozca medida de coerción.
Los implicados van desde políticos, funcionarios, y hasta otras personas que no son muy reconocidas, pero que según el Ministerio Público cometieron graves delitos en perjuicio de ciudadanos y el Estado dominicano. Además, se habla de miles de millones de pesos con los que se habría estafado al Estado o habrían manejado los imputados producto de acciones ilícitas.
A todo esto se le suma, que los fiscales, o un fiscal muy creativo, han clasificado los nombres dependiendo del ilícito del que se trate. Por ejemplo, los casos de corrupción del gobierno pasado los han denominado con nombres marítimos, y si se trata de otra cosa los nombres son “terrestres”.
¿Cuándo fue que se ejecutaron estas operaciones?
El mes más agitado para los fiscales ha sido este, en el cual se han ejecutado tres operativos con pocos días de diferencia y los han llamado Discovery, FM e Iguana. El primero de ellos se puso en marcha el 2 de marzo y es en el que más personas han sido procesadas.
En el caso Discovery (que en español significa descubrimiento), son 38 personas a las que el Ministerio Público imputa de integrar una red del crimen cibernético que operaba desde República Dominicana y estafó a cientos de ciudadanos estadounidenses a los que, supuestamente, despojaron de cuantiosos recursos económicos, además, de usurpar sus identidades y vulnerar su seguridad e integridad.
El alegado líder de la organización criminal es Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari). Debido a la cantidad de imputados, la audiencia de medida de coerción, que conoce la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ha tardado más de lo común y aún no ha concluido.
Ocho días después de Discovery, el 10 de marzo, la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo arrestaron a siete personas durante la Operación FM.
El nombre FM, según explicó Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, es un “código secreto”, que explicó “no puede revelar en este momento”.
Los implicados son Juan Pérez Tejada (presunto líder), su padre Juan Pérez de la Rosa, quien es exdirector de Migración de Santiago; su esposa, Anabel Sánchez; así como a Dyna Noguera, la exdiputada Gladis Azcona y sus hijos Ramluis Mejía y Rolando Reyes.
Al grupo, que se le conocerá medida de coerción el próximo viernes en Santo Domingo Oeste, se les imputa incurrir en lavado de activos producto del narcotráfico y tenencia ilegal de armas. El caso FM está vinculado a una red internacional a la que en agosto del 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Cooperación internacional
Tanto en el caso Discovery como en FM, las autoridades dominicanas recibieron cooperación de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones del país norteamericano (FBI).
El pasado miércoles 16 de marzo, a seis días de la Operación FM, los fiscales “no se quedaron quietos” y ejecutaron la Operación Iguana, donde fueron apresados el coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní, Roberto Méndez Pérez; el inspector de la Dirección General de Migración, Johan Rosario Castillo, así como otras cinco personas involucradas en el tráfico de inmigrantes.
Se les acusa de tráfico de personas y la recepción de sobornos. A Méndez Pérez, supuesto cabecilla de la red, se le imputa, además, distraer el dinero y las evidencias que colectaron las agencias de seguridad del Estado, en ocasión del arresto de personas por la comisión del ilícito de tráfico de personas, y también las multas que cobró en el puesto de chequeo fronterizo de Jimaní.
Pasado mañana, el juez de la Instrucción de Jimaní Paco Terrero Pérez conocerá la audiencia de medida de coerción contra los imputados.
Los otros casos del 2021
Durante el pasado 2021, se ejecutaron seis operaciones más, cuatro de ellas por corrupción y las otras dos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En noviembre se apresó a altos militares y dos civiles mediante la Operación Coral 5G, una continuación del caso Coral (llevado a la justicia en abril).
Por estos dos casos hay 19 imputados, de los cuales 13 son del Coral 5G, en cuyo proceso está como cabecilla el general Juan Carlos Torees Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
En Coral sindican como líder al mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).
La alegada red de corrupción distrajo fondos de cuerpos castrenses y, según el Ministerio Público, movió al menos 4,500 millones de pesos.
Otro de los operativos del pasado año fue el caso Larva, ejecutado en octubre. El proceso, donde sometieron a 15 personas, la mayoría familia, fue judicializado en San Cristóbal.
En este los imputados son acusados de lavado de activos producto del narcotráfico y fue vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona que introdujo al país 724.35 kilogramos de cocaína, en una embarcación proveniente de Colombia.
Los presuntos cabecillas del caso Larva son Jorge Luis Herasme Estrella y Ángelo Spataro.
Un mes antes, en septiembre, el caso Falcón, de lavado de activos por narcotráfico, llegó a los tribunales de Santiago. En este proceso, que se encuentra en etapa de investigación, fueron sometidas 29 personas. Aquí fue implicado Juan Maldonado Castro, exdirector de Comunidad Digna.
Caso Pulpo dio inicio a serie de operativos
Entre julio y junio del 2021, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) puso en marcha las operaciones 13 (del fraude en la Lotería) y Medusa (una alegada red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría). En estos dos procesos fueron sometidas 18 personas. En el caso de la Lotería, el principal implicado es el exdirector de la entidad, Luis Dicent, preso en Najayo. En la misma cárcel está el exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal procesado en el caso Medusa. Y la primera de las operaciones, fue Antipulpo, que conllevó el apresamiento de Alexis y Carmen Magalys, hermanos del expresidente Danilo Medina, y otras personas. En el caso de corrupción administrativa hay 26 imputados. El 4 de abril, el juez Deiby Peguero, iniciará a conocer la audiencia preliminar.
159 imputados
Cantidad En total, de estos casos sonoros hay 159 imputados, que cumplen distintas medidas de coerción.
10 operaciones
Números. Desde noviembre del 2020, los fiscales han puesto en ejecución unos 10 operativos contra la corrupción y el narco
