SANTO DOMINGO, RD. – El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, niega que el Senado de la República haya excluido el tema de la transparencia en los procesos electorales cuando aprobó, en dos lecturas consecutivas, el Proyecto de modificación a la Ley Orgánica de Régimen Electoral, presentado por la Junta Central Electoral (JCE).
En ese sentido, sostiene que la redacción del proyecto garantiza que se cumpla con los informes de los gastos, presentación de los presupuestos para la campaña y los demás aspectos vinculados a la fiscalización del gasto en todos los procesos electorales.
Asimismo, precisa que esa fiscalización también debe hacerla la Junta Central Electoral, a graves de la dirección que la propia ley creó para esos fines. “Y también la Cámara de Cuentas, que según la ley debe fiscalizar los informes que se derivan de cada uno de los procesos electorales y que están precedidos de un presupuesto que debe presentarse”, añade, al participar en una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite por el canal 37.
Las afirmaciones de Olivares se producen en respuesta a las declaraciones de Román Jáquez Liranzo y los directores ejecutivos de Participación Ciudadana y Finjus, quienes han asegurado, por separado, que al oficialista Partido Revolucionario Moderno no le interesa que se regule el tema de la transparencia en los procesos electorales.
PRM quiere transparencia
El dirigente político asegura que el PRM favorece que se creen todos los mecanismos que sean necesarios para transparentar los procesos electorales. En ese sentido, manifiesta que la dirección de ese partido y el propio presidente Luis Abinader son los más interesados en garantizar la transparencia e integridad de las elecciones que tendrán lugar en mayo del 2024.
El también exmiembro de la Junta Central Electoral destaca que nunca antes en la historia política dominicana el partido de gobierno había puesto tanto interés en asegurar que las elecciones sean absolutamente libres, transparentes, íntegras y equitativas, en cumplimiento de las normas que rigen los procesos electorales en República Dominicana.
“Ustedes van a observar una campaña en la que antes era la oposición la que procuraba eso. Por primera vez en la historia de la democracia dominicana es el partido de gobierno el principal compromisario con la integridad del proceso electoral. Y eso va a ocurrir en todos los ámbitos del proceso”, enfatiza.
Aprobación de proyecto
Afirma que el proyecto asumió la mayoría de las propuestas que se discutieron y consensuaron en el Consejo Económico y Social, partiendo de las primeras propuestas que hizo la Junta Central Electoral (JCE), pero reconoce que algunas no se aprobaron de la manera que inicialmente habían sido planteadas por el órgano electoral.
Recuerda que el Poder Legislativo es que tiene la facultad constitucional de hacer y aprobar las leyes, razón por la que a su juicio se justifica que no se hayan escogido algunas propuestas de la JCE. “Pero eso es normal en una democracia, de eso se trata”, agrega.
“Por ejemplo, se habla del tope del gasto en la campaña política, que es un tema de mucho interés para la Junta y de la sociedad civil. Entendemos que debe hacerse un estudio profundo para determinar la factibilidad de esa propuesta. Para temas de topes de gastos, realmente no se han realizado los estudios pertinentes para determinar en función del costo máximo de una campaña”, expone.
Para el vicepresidente del PRM el tope del gasto en la campaña electoral debe establecerse en función del tamaño poblacional de cada demarcación, al señalar que el de una circunscripción grande no podría ser igual al de una pequeña.
“Por ejemplo, el candidato de la Circunscripción 3 de la provincia Santo Domingo, que abarca Boca Chica, Guerra, San Luis y una parte de Santo Domingo Este, usted no me puede decir que, el que aspira a diputado en esa circunscripción gastará lo mismo que el que aspira a diputado en una circunscripción del Distrito Nacional”, argumenta Olivares.
Poco tiempo para aprobar y aplicar ley
Cuestionado del poco tiempo que tienen los legisladores para poder aprobar y aplicar en las próximas elecciones los preceptos de la nueva Ley de Régimen Electoral, el exmiembro de la Junta Central Electoral declara que siempre ha favorecido que las reformas se hagan a principio del período constitucional correspondiente.
Sin embargo, reconoce que se trata de un tema de alta complejidad, en razón de que involucra el interés de los principales actores del proceso, que son los partidos políticos. Precisa que esta es la razón por la que, en tres años de discusión en el Consejo Económico y Social, los partidos no han logrado ponerse de acuerdo para aprobar la Ley de Régimen Electoral.
“Se empezó la discusión a principio de este mandato presidencial, estamos ya en el año preelectoral discutiendo la aprobación. Lo ideal habría sido que se aprobara a más tardar en 2021”, comenta.
Sin embargo, destaca la importancia de que se haya judicializado tanto la Ley de Partidos como la Ley Orgánica de Régimen Electoral, ya que el Tribunal Constitucional dictaminó que no se podrán automatizar los procesos electorales, criterio que estaría en consonancia con la propuesta del Senado.
“Lo más importante es que ya hay una parte de la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos que el Tribunal Constitucional, el Superior Electoral y hasta el Superior Administrativo dictaron sentencias corrigiendo algunas de las falencias y desperfectos de estas leyes. Ahora lo que se debe garantizar que se apliquen estas correcciones”, plantea.
