Los abogados de Jean Alain Rodríguez aseguraron ayer que el exprocurador, quien cumple prisión preventiva por el caso Medusa, se siente en indefensión antes las arbitrariedades, que dijeron, comete el Ministerio Público para que no intervengan en la investigación.
Durante una rueda de prensa, los juristas manifestaron que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) está orquestando una trama para, entre otros cosas, que el imputado no tenga acceso a las diligencias investigativas que realizan, extender investigación y así mantener la prisión preventiva más tiempo del debido.
“Jean Alain Rodríguez Sánchez se siente en indefensión, porque no puede intervenir en la investigación porque las pruebas que suministra no pueden ser discutidas hasta que el Ministerio Público acabe y la práctica es no acabar nunca y establecer en la prisión preventiva que se ha ordenado una pena anticipada”, indicó el abogado Gustavo Biaggi.
Dicen Pepca no responde solicitudes
Biaggi dijo que hicieron más de 100 solicitudes a la Pepca para que les entregue, como manda el debido proceso, pruebas, documentos y diligencias de investigación, las cuales no fueron remitidas.
El jurista indicó que como se acerca la fecha en la que el Ministerio Público tiene que presentar acusación formal del caso es “obvio pensar y deducir” que necesitan ciertas documentaciones que involucran las “famosas tres mil y pico de páginas que integran el glosario de la investigación”.
Ante la negativa de la Pepca, la defensa del exprocurador precisó que acudieron ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal control de caso, para que le ordene entregar estas documentaciones, petición que será conocida el 10 de marzo durante una audiencia.
Demanda a jueza por daños y perjuicios
La defensa de Rodríguez dijo que demandaron civilmente a la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, por daños y perjuicios con el que buscan que sea condenada al pago de 15 millones de pesos por “negarse” a emitir unas certificaciones sobre las resoluciones que han sido dictadas a solicitud de la Pepca relacionadas al caso.
