El Tribunal Constitucional no anuló la Ley 10-15 que introdujo modificaciones al Código Procesal Penal, más bien, hizo una exhortación al Congreso para agotar el procedimiento correcto y que se subsane el error procedimental que vició su conocimiento.
Así lo explicó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.
El jurista señaló que con el conocimiento de la sentencia TC/0765/24 el Constitucional no busca meramente expulsar del ordenamiento la Ley núm. 10-15 que introduce modificaciones a la Ley núm. 76-02, más bien, en sus funciones de garante de la supremacía constitucional, busca mantener la configuración de un sistema de control para las normas y decisiones.
Tal es el caso, continuó diciendo, que la misma sentencia dispone: “Durante el período otorgado al Congreso Nacional, la Ley núm. 10-15 permanecerá en vigor con el propósito de evitar un vacío normativo que pueda comprometer la seguridad jurídica o el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
“Es decir, no queda expulsada inmediatamente y cuenta con una exhortación a que se subsane el error procedimental que vició su conocimiento”, enfatizó.
Refirió que esa decisión no busca atacar el contenido de la norma en cuanto a una cuestión de fondo, es más bien una oportunidad para subsanar el vicio procedimental que afectó su conocimiento.
Añade que en lo referente a las observaciones vertidas por el Poder Ejecutivo, su aprobación resultaría procedente cuando se cuente con la observancia de los procedimientos legislativos establecidos en la Constitución, lo que incluye la necesaria aprobación del Congreso Nacional en su estructura bicameral y el voto de una mayoría calificada.
Recordó que el fallo TC/0599/15 refiere que La organización bicameral no solo cumple con la finalidad de articular voluntades individuales para generar una voluntad única, sino que también procura introducir una mayor racionalidad en el mecanismo de toma de decisiones.
Servio Tulio saludó la labor interpretativa realizada por el TC a través de sus últimas decisiones.
