Al director de la Junta Distrital de Bayahíbe le encontraron más de RD$20 millones, joyas, armas y municiones
Fue reenviada para el jueves la solicitud de medida de coerción a los implicados en el decomiso de casi diez toneladas de cocaína el pasado mes de diciembre, que habrían contado con complicidad y acompañamiento de empleados del puerto Multimodal Caucedo para entrar la droga y escapar de la escena del crimen, una vez interceptados por las autoridades.
Este es el caso por el cual se solicitan 18 meses de prisión y declaratoria de caso complejo contra José Nicolás Castillo Hart (a) “Nikito”; Winston Armando Tejera Rodríguez (a) “Barbikin”; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús de los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, y se indaga cómo se burlaron los controles y el seguimiento a los miembros de la red a fin de lograr que escapen sin ser detenidos.
El Ministerio Público señala que los cuatro hombres encapuchados y armados que entraron al puerto con las más de 9.8 toneladas de cocaína en un contenedor calificado como vacío, escaparon del lugar mediante instrucciones telefónicas.
“Eran guiados por teléfono celular sobre cómo evadir los controles de seguridad y la mejor ruta de escape”, refiere el documento acerca de las personas que, según las autoridades, bajo amenaza despojaron a Marcos Adan Estévez de un camión.
“Guiados por las indicaciones de una persona desconocida en este momento, recibidas por la vía telefónica, arribaron a la pared perimetral norte”, destaca la instancia prevista para conocerse este jueves en el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este, tras ser aplazado para que los abogados de los implicados tomen conocimiento del expediente.
Bayahíbe y Pedernales, puntos claves
De acuerdo con lo quje relataron las autoridades, el cargamento de 9,587 paquetes con un peso de 9,889 kilos de cocaína fue traído a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente por Bayahíbe, La Romana y Pedernales, en meses previos a diciembre de 2024.
La mayor proporción de esa droga ingresó por Bayahíbe y Pedernales, es la conclusión a la que llegaron las autoridades al tomar como referencia los logotipos e incautaciones hechas el año pasado.
Esa sustancia fue introducida al puerto por el camionero José Alexander Santana Andújar, quien ingresó al puerto por el lado de vehículos livianos, espacio que no tiene inspección de rayos X y con la ayuda de Yoel Jesús Jaques, inspector, y Alexander Henríquez Castro, sellador del puerto se le dio entrada y se certificó que estaba vacío.
Sin embargo, dentro estaba los encapuchados, no identificados hasta el momento, y la droga.
Describe que una vez en el puerta Gate-in o P-1, los prófugos Yoel Jesús Jaques, en calidad de inspector, y Alexander Henríquez Castro, como sellador, no abrieron la puerta del contenedor e invirtieron sus roles; Joel colocó el sello de vacío y Alexander no realizó ninguna acción tendente a verificación.
Cristian Canela, que era coordinador de exportaciones, también tuvo participación activa en la estructura y dos horas antes del operativo conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) fue cancelado de sus funciones porque había recibido múltiples amonestaciones por desempeñar funciones no relacionadas con su rol.
“Como ya había sido desvinculado y se le había retirado la computadora asignada, el imputado Cristian Rayner Canela Aybar mantuvo comunicación con el imputado Dulvi Jesús de los Santos, quien para esa fecha se encontraba en turno de trabajo remoto, fuera del puerto, quienes lograron reunirse accediendo el imputado Cristian Rayner Canela con su usuario informático del puerto desde el computador asignado por el Puerto Caucedo al imputado Dulvi Jesús de los Santos y desde ahí planificaron la colocación del contenedor que contenía las sustancias controladas dentro del bloque C346041”, relata el Ministerio Público.
Además del camionero Santana Andújar, se encuentra prófugo Luis Rafael García Alfonseca, chofer y persona de extrema confianza de Winston Armando Tejera Rodríguez (a) “Barbikin”; representante operativo de la empresa Grasswey Group SRL (GWG Transport).
Según las autoridades, una vez retenido o impedido el envío de la droga a Bélgica, alias “Nikito” viajó a Madrid usando pasaporte de Isla Saint Kitts and Nevys mientras un agente de la CICC-DNCD, enlace de la Guardia Civil española le daba seguimiento, que pudo constatar que fue recibido por dos individuos de nacionalidad dominicana.
“Es así como se identifica a Enmanuel González, que fue la persona que en tres ocasiones compró vuelo y que, además se pudo observar junto al imputado haciendo el intercambio de una maleta, debido a que tenía que dar cuenta sobre las razones de este gran cargamento que había sido garantizado por la organización criminal, fue interceptado por las autoridades”, relata el expediente
Los millones en casa del alcalde
Si bien no aparece una descripción de la participación o las razones que motivaron al órgano investigador a incursionar en la residencia del director de la Junta Municipal de Bayahíbe, Enriquillo Luis Brito, el expediente refiere un allanamiento donde fueron incautados dinero en efectivo, prendas, armas de fuego, cargadores y municiones, máquina de contar dinero, celulares, entre otros bienes muebles e inmuebles.
Solo en la residencia del director y, su hijo, Enrique José Luis Brito, fueron ocupados más de 20 millones de pesos pero divididos en moneda local, dólares y euros, según el reporte de las autoridades en la solicitud de medida de coerción.
Describe que en una caja fuerte fueron encontrados US$170,204; también RD$201,000, en otra US$164,600. En tanto que en un cofre tipo baúl se hallaron RD$88,750; US$2,525. También varias alcancías con RD$107,800; EU$2,455 y US$969.
“Vamos a ver más adelante en la audiencia qué es lo que ellos dicen con respecto a esas personas para pedir medida de coerción contra ellas”, dijo el abogado de estos dos imputados, José Rafael Ariza, al destacar que tras revisar la solicitud de medida de coerción, no encontró la implicación de sus clientes.
La Operación Panthera 7, mediante la cual se impidió el envío de las casi diez toneladas de droga, el más grande decomiso de la República Dominicana, involucró a 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales. Durante los allanamientos se incautaron más de 22 millones de pesos en efectivo, 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, tres motocicletas, tres pasolas, cinco motores fuera de borda y armas de fuego.
Acciones imputadas
En la solicitud de medida de coerción y declaratoria de caso complejo, el Ministerio Pública describe que la red destruyó evidencias que comprometían la responsabilidad penal, amenazaron e intimidaron testigos que tenían conocimiento de las acciones delictivas, realizaron ocultamiento y fraude contable tendentes a evitar que las autoridades detectaran los recursos productos del lavado de activos..
Secuestraron contenedores vacíos, permanecieron con ellos varios días para ser cargados en el centro de acopio ubicado en el kilómetro 36 de la carretera Mella, sector La Vigía, Santo Domingo Este.
De igual modo, adquirieron vehículos a nombre de miembros de menor jerarquía en la organización para el transporte de sustancias controladas, mientras que los vehículos de las compañías estaban debidamente identificados con sus logos.
“Convirtieron, adquirieron, facilitaron, ocultaron, transfirieron y transportaron bienes y ganancias provenientes directa o indirectamente de las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios, con el propósito de ocultar su origen ilícito”, describe.
El Ministerio Público sostiene que los imputados violaron los artículos 59, 60, 265, y 266 del Código Penal Dominicano, el cual tipifica “Asociación de malhechores”, así como, los artículos 58, 59, 60, 75 y 85 de la Ley 50-88, sobre Drogas Narcóticas, los cuales tipifican como “Tráfico de Drogas y Patrocinio”.
Además, a Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito también se les acusa de violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Prófugo dejó el camión frente a su casa
El chofer del camión que introdujo la droga a Caucedo con los cuatro encapuchados, camionero José Alexander Santana Andújar, quien se encuentra prófugo dejó el camión utilizado en la operación, frente a una casa que está construyendo en San Cristóbal.
“Se logró determinar que el camión marca Mack, color azul, placa L380563, una vez dejó el contenedor y los clavadores en disposición de poder salir del contenedor, salió del puerto a las 6:16 pm, por lo que mediante una ardua labor de inteligencia lograron localizar el camión de referencia, estacionado en un solar de la calle Huerca, sector la Huerca, san Cristóbal, frente a una casa que estaba construyendo el prófugo”.
Cronología de entrada de la droga
Las autoridades revelaron que a las 05:40 de la tarde del 05-12-2024, el contenedor número FFAU4542281, fue captado mientras era trasladado a bordo del camión marca Mack, modelo CXU613, azul, placa número L380563, con el rótulo de la RNTT S503, que transitaba por la calle Brisas de Caucedo, en dirección Norte-Sur, y al llegar al control de acceso P-0 del Puerto multimodal Caucedo, evade la verificación de la máquina de Rayos X, denominada “Presting”, y la inspección y verificación.
A las 06:05 de la tarde el contenedor es captado cuando el control de acceso P-1 del puerto Multimodal Caucedo, donde es declarado como un retorno vacío, y se identifica, pero en realidad llevaba las más de 9.8 toneladas de cocaína.
A las 08:21 de la noche fue encontrado a nivel de piso en el patio de contenedores del puerto frente al contenedor refrigerado HLBU9354083 con carga de bananos, procedente de Guatemala, que estaba en proceso de contaminación en el puerto con 3,598 paquetes de cocaína, mientras que en el contenedor FFAU4542281 quedaban por pasar 5,989 paquetes de cocaína. La operación se interrumpe por la actuación de la DNCD y del Ministerio Público.
