El Colegio de Abogados fijó su posición institucional frente a las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) y otras instituciones, con respecto a las propuestas de modificación de la Ley de Residuos Sólidos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini expresó que, si bien es importante proteger la competencia, esta debe estar subordinada al bienestar colectivo, el interés general y los principios constitucionales que rigen la protección del medio ambiente y la salud pública. Advirtió que aplicar criterios estrictamente económicos en un sector tan delicado como la gestión de residuos sólidos podría resultar contraproducente y desviar los objetivos fundamentales de la ley.
“La gestión de residuos no es una actividad cualquiera. Es un servicio esencial que impacta directamente la vida, la salud y el entorno de la ciudadanía. La competencia no puede anteponerse al derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica de las inversiones ni a la eficacia operativa del sistema”, afirmó el presidente del gremio.
Potentini defendió la posibilidad de que un solo proveedor opere por región los rellenos sanitarios, señalando que esta medida no busca favorecer monopolios, sino garantizar inversiones a largo plazo, control técnico, eficiencia operativa y la instalación de infraestructuras adecuadas para una disposición segura y sostenible de los residuos. “En estos casos no se trata de fomentar competencia por sí misma, sino de promover eficiencia y asegurar resultados. Cuando el Estado regula con visión técnica, con transparencia y con participación social, lo que hace es garantizar derechos, no restringir libertades”, manifestó.
