El proceso judicial que enfrenta el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán –Jochi Gómez- y cinco imputados más, entró en una nueva etapa de investigación, después de que la jueza dictara medidas de coerción respecto a la alegada red de corrupción en el caso Transcore Latam-Intrant.
La decisión de la magistrada Fátima Veloz que se tomó en la audiencia celebrada ayer en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, incluye prisión preventiva, arresto domiciliario, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Esta medida se justifica ante el riesgo de fuga y la posibilidad de obstaculizar la investigación.
A Hugo Beras, a Jochi Gómez y a Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, la magistrada los envió al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, a cumplir 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción.
Mientras en el caso de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la magistrada dispuso que cumpla arresto domiciliario.
A Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant, se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
En cuanto a los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas, acusado de ser testaferro del empresario Jochi Gómez, se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.
De igual forma la magistrada declaró el caso complejo y fijó la revisión obligatoria de las medidas para el próximo 9 de enero de 2025.
Las partes involucradas ya han comenzado a presentar sus argumentos. El Ministerio Público ha indicado que presentará pruebas que demuestran la implicación de los acusados en la alegada corrupción en el manejo del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
Reacciones de las partes del proceso
Incluso, el titular de la de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, expresó que el Ministerio Público continuará trabajando para incorporar al proceso judicial “otras líneas de investigación que de seguro traerán consigo otros imputados”.
“Esta decisión es el triunfo de la verdad sobre la mentira y el miedo”, dijo Camacho al salir del tribunal.
El procurador adjunto expresó que la decisión del tribunal estuvo incidida por la gravedad de los hechos que les imputan a los siete imputados de la Operación Camaleón.
Por su parte, la defensa del extitular del Intrant aseguró que Hugo Beras es un chivo expiatorio sobre el que se hacen recaer culpas ajenas para eximir a los verdaderos culpables.
“Eso sí lo puedo yo asegurar porque yo tengo los elementos de prueba y es un chivo expiatorio Hugo Beras, pero esto es un golpe duro ahora, pero él no tiene por qué bajar la cabeza porque no tiene nada de qué reprocharse, desde el punto de vista penal”, expresó la abogada Laura Acosta.
Dijo que la jueza Fátima Veloz impuso la prisión preventiva, como medida de coerción, a Hugo Beras, sobre la base de que como él había sido un funcionario de alta jerarquía, y por tal razón existía riesgo para la investigación de una alegada red de corrupción en el manejo del Sistema Semafórica del Gran Santo Domingo.
Laura Acosta, además, expresó que la magistrada también tomó la decisión de enviar a la cárcel de Najayo a Beras, porque no tenía elementos suficientes para determinar que las alegadas violaciones a los derechos del exdirector del Intrant, fueron vulnerados durante su arresto, como ella ha planteado desde un principio.
La jurista dijo que respeta la decisión de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, pero que como su defendido actualmente no es funcionario del Gobierno, “no tiene el poder que ella le atribuye”.
“La respetamos profundamente, pero si disentimos de su decisión y en consecuencia procederemos de inmediato a recurrir” dicha decisión en la Corte de Apelación del Distrito Nacional”, informó la abogada. l frankelvin sánchez
Desarrollo del caso Transcore Latam-Intrant
Mientras los siete imputados cumplen las diferentes medidas de coerción impuestas, el Ministerio Público tiene aproximadamente ocho meses para depositar la acusación formal en contra de los imputados en el caso Camaleón.
Si al Ministerio Público no se le otorga una prórroga de plazo para depositar acusación, en junio del 2025 estaría comenzando la fase preliminar de la denominada operación Camaleón.
Mientras llegan estos plazos, las diferentes medidas impuestas a los implicados por el tribunal de primera instancia, podrían ser variadas o ratificadas por un juez.
Estos siete imputados, arrestados el pasado 2 de octubre durante la operación Camaleón, son acusados de ser parte de una alegada corrupción en el manejo del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
Los imputados en este proceso judicial están acusados de cometer delitos como “desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica”, por medio de alta tecnología y robo de identidad, cuando Hugo Beras estuvo a cargo del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.
