Hace mucho tiempo que se habían disparado las alarmas sobre la necesidad de bajar el costo de la política y las campañas electorales en el país, pero el estallido del escándalo de Odebrecht ha puesto aún más en entredicho el sistema de financiamiento de las campañas electorales, pues a la empresa se le acusa de financiar los candidatos a cambio de obtener obras de infraestructura en varios países de América Latina.
El escándalo encontró a la República Dominicana inmersa en el debate para aprobar la ley de partidos y agrupaciones políticas y la modificación a la Ley Electoral 275-97. Uno de los temas que ha generado mayor contradicción entre el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) es lo relativo al manejo de los fondos que provienen del sector privado.
El PLD es partidario de que no se revele la identidad de las empresas o personas que hacen aportes a las campañas electorales, mientras que el PRM apuesta a que se hagan públicos los nombres de los donantes privados y en eso coincide con la sociedad civil.
El partido de oposición también sugiere que las donaciones privadas a las campañas tengan un límite y que se establezca un régimen de consecuencias para quienes incurran en violaciones.
La ley electoral establece el financiamiento público a los partidos políticos y prevé los aportes del sector privado en el artículo 47. “Todos los actos de cooperación, asistencia o contribución económica a los partidos son función exclusiva de las personas naturales y jurídicas nacionales privadas”, señala.
¿Cómo abaratar los altos costos de la política? ¿Cómo evitar que el dinero de origen espurio no financie las campañas? Son de las cuestiones que la clase política de América Latina y la República Dominicana se ha planteado como los grandes retos del sistema político. Sobre el financiamiento, hay una corriente que se inclina por eliminar el aporte de dinero del sector privado, otros entienden que debe mantenerse, pero bajo control y mecanismos eficaces de transparencia.
Para el representante de Idea Internacional para América Latina y el Caribe, Daniel Zovatto, el dinero es la leche materna de la política y ha expresado que el financiamiento privado debe ser eliminado y califica como un error quitar la subvención pública.
“El dinero es la leche materna de la política, porque la relación entre el dinero y la política está en el corazón de la democracia y de la calidad de la democracia”, expresó en un seminario que se hizo en el país sobre el tema en el 2015.
En esa misma tesitura se ha expresado el politólogo y consultor internacional Mauricio De Vengoechea. “Sería ideal que sea el Estado y no las empresas o los particulares quienes financien las elecciones, esto claro, está, con una reforma donde todos los partidos reciban la misma cantidad de recursos y cuenten con la misma disposición de espacios de comunicación”, expresó.
Para el jurista y consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, el financiamiento privado a la actividad política debe mantenerse, pero dice que es necesario que establezcan controles para garantizar mayor transparencia.
“Nosotros sufrimos de no tener controles, pero hay que discutirlo si se va a mantener porque creo que nadie está en ánimo de quitar la financiación pública, por eso se va a mantener la financiación pública y la financiación privada”, dijo.
Defendió el aporte privado a las campañas. “No necesariamente el aporte a una campaña electoral se hizo a cambio de favores”, puntualizó. Dijo que las campañas electorales son cada vez más costosas y que no se puede cargar todo ese gasto a los contribuyentes.
“Yo no creo que esas campañas tan costosas sean financiadas exclusivamente por el dinero de los contribuyentes, son muy costosas incluso el propio día de las elecciones o Día D como se le dice”, observó. Espinal consideró que la financiación pública debe estar orientada a fortalecer los partidos y la formación de la militancia.
Habla la Finjus
En un documento publicado este año, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) puntualizó sobre la falta de transparencia en los partidos para manejar los recursos que reciben.
“Se ha observado que ante cada campaña electoral, o ante cada caso de corrupción que se conoce, se reaviva la preocupación por la falta de transparencia y la ineficiencia de los controles sobre el origen y destino de los fondos que manejan los partidos políticos y los candidatos para solventar la actividad política”, expresó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la entidad.
Sostuvo que ante una eventual reforma de la Ley Electoral y la promulgación de una ley de partidos y agrupaciones políticas cobra mayor sentido establecer un régimen de consecuencias sobre el financiamiento de las campañas políticas. l
Los partidos son foco de críticas por dinero erario
Cada año, los partidos políticos reciben financiamiento del Estado equivalente para el 2017 a más de 805 millones de pesos.
Pero la supuesta falta de transparencia de las organizaciones políticas en el uso de esos fondos, ha colocado a los partidos políticos también en el ojo público. Sobre ese particular, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) acusó a las organizaciones de falta de transparencia en el manejo de los recursos que reciben del Estado.
La JCE se había quejado de que los partidos depositan su relación de gastos de los recursos que reciben del Estado sin los debidos soportes.
Para evitar que esa práctica continúe, la JCE creó la Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos, como un mecanismo para supervisar el manejo dado a la contribución económica entregada por el Estado cada año a los partidos políticos que tienen personería jurídica.
