El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, sostuvo que en el país operan mafias de tráfico y trata de personas, y una manera efectiva de combatirlas, según planteó, es implementando penas más fuertes.
Señaló que así como algunos dominicanos fuera del país son sujetos de caer en las garras de grupos organizados de tráfico de inmigrantes, como son los denominados “Coyotes”, “Pues aquí existen esas mafias también en República Dominicana”.
Así lo afirmó ayer el canciller en el momento en que fue abordado por periodistas minutos antes de encabezar el acto de conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas.
En el marco de estas declaraciones, Álvarez planteó poner el foco en las mafias e implementar penas más fuertes. “Es fundamental reformar el enfoque en la persecución del tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas, centrándonos vigorosamente en la captura y procesamiento de los traficantes”.
Enfatizó en que tanto el traficante de migrantes como el que trata, cometen un crimen contra de la nación y la dignidad humana. “Es algo completamente inaceptable y hay que crear conciencia profunda en nuestro país sobre este grave delito”.
Confía en que continuarán los esfuerzos de cara a la modernización legislativa en materia de trata y tráfico de personas. Abordado al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores cree que habrá voluntad política para, desde el Congreso Nacional, modificar la ley vigente.
Este llamado coincide con el cierre de la actual legislatura, por lo que será responsabilidad de las nuevas autoridades legislativas que se instalarán este 16 de agosto darle a la sociedad y al sistema una ley actualizada a los nuevos tiempos y desafíos que presenta este flagelo.
El pasado mes, el Poder Ejecutivo sometió ante el Congreso Nacional un proyecto que reforma el artículo 3 de la ley vigente de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (Ley 137-03).
“Como ustedes saben nuestro partido PRM logró una gran mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados así que tenemos la expectativa que con todas las vistas públicas que sean necesarias se explique debidamente los nuevos proyectos de ley, los cuales tomaron en consideración, y algunos de los comentarios que fueron hechos”, respondió el canciller a reporteros.
Al referirse específicamente a los casos de trata, el ministro de Relaciones Exteriores consideró que las víctimas de este flagelo no reciben la asistencia debida, porque hacen falta mecanismos efectivos de protección.
Es de opinión que el Estado debe proveer los recursos y el apoyo necesario a las personas que pasan por esta situación, con casas de acogida y asistencia psicológica.
Una vez en el pódium, el canciller en su discurso introductorio, afirmó que es imperativo abordar las causas fundamentales de la trata de personas, como son la pobreza, la falta de acceso a la educación y la atención médica, la discriminación, la violencia y todos los factores que hacen a las personas más vulnerables a la explotación.
Asimismo, enfatizó en que hay que fortalecer los programas de asistencia social y oportunidades de empleo para brindar una alternativa real a aquellos que son susceptibles a caer en las garras de los traficantes, y brindarles asistencia efectiva en caso de que ya se hayan convertido en víctimas. El pasado miércoles, el participar como orador principal en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana, Álvarez se pronunció con respecto al tráfico ilegal de inmigrantes y sugirió “modificar a la mayor brevedad posible las obsoletas prácticas de persecución y sustituirlas por controles efectivos para evitar las denuncias que afectan la imagen del país.
72 víctimas han estado en casas de acogida
El acto conmemorativo contó con la participación de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, quien informó que desde la apertura, en 2022, de la casa de acogida especializada para atender a víctimas de trata, se ha brindado protección a 123 personas y en lo que va del presente año han ofrecido este servicio a 72 víctimas, en su mayoría colombianas. Destacó que ampliar los servicios de atención y protección a las víctimas especialmente a niñas, adolescentes y jóvenes es esencial para garantizar la recuperación e integración en la sociedad y la redistribución de sus derechos. Explicó que este flagelo “no solo socava la integridad física y psicológica de las víctimas, sino que también tiene profundas implicaciones sociales, económicas y culturales. Las consecuencias son múltiples y de largo alcance: perpetúa el ciclo de la pobreza al privar a las víctimas de oportunidades educativas y laborales”.
