La Cámara de Diputados aprobó ayer, tal y como vino del Senado, el proyecto de ley que modifica los artículos 3 y 7 de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, pieza sometida por el Poder Ejecutivo.
Entre los cambios que hizo el Senado a la norma legal destaca el agregar un párrafo al artículo 7, para aumentar las penas de reclusión hasta 30 años para quienes cometan las agravantes que indica el apartado y subir las multas hasta a 400 salarios mínimos del sector público.
A petición de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, el Pleno acogió los cambios a la legislación hechos por la Cámara Alta, sin enviarla a una comisión para que sea revisada. El pliego de ley fue sancionado por los senadores el día anterior.
La solicitud de modificación había sido aprobada primero por los diputados y enviada al Senado, donde fue aprobada con modificaciones, motivo por el cual debió ser conocida otra vez por la Cámara Baja. La ley pasará al Ejecutivo para su promulgación u observación.
Los cambios a la Ley 137-03 tienen el propósito fortalecer la norma en lo que respecta a la persecución de esta manifestación delictiva que afecta a las niñas, niños y adolescentes de manera desproporcionada, y que son persuadidos para ser sometidos a situaciones de explotación sexual o humana, esclavitud y trabajos forzosos, acciones que representan vulneraciones graves de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los convenios en la materia ratificados por la República Dominicana.
La Finjus exhorta a las autoridades competentes a reforzar mecanismos
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) celebró el conocimiento de la normativa y exhortó a las autoridades competentes a que refuercen sus mecanismos para mitigar el fenómeno de la trata e implementen medidas que frenen la acción “impune” de bandas organizadas dedicadas a la trata y tráfico de personas.
La Finjus considera que la atención debe centrarse en la penalización de todas las organizaciones criminales que se enriquecen con el tráfico ilegal de personas, coartan derechos y amenazan el disfrute de las libertades individuales.
“En el marco del deber ser del Estado, es atribución esencial de las autoridades competentes el perseguir, capturar y castigar a quienes con sus actuaciones vulneren la estabilidad social, el bien común y el desarrollo pleno del país”, dice la entidad en un comunicado remitido a este medio.
“Es un avance crucial para la institucionalidad”
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, está convencido de que la modificación a la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, aprobada por el Congreso Nacional, representa un avance crucial para la institucionalidad dominicana en aras de otorgar protecciones reforzadas a las personas que son víctimas de comercio y tráfico humano.
