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El Ministerio Público está acusado a Fausto Miguel Cruz, confeso asesino del ministro Orlando Jorge Mera, de utilizar un arma ilegal para cometer el crimen, lo que complica la situación judicial del imputado.
Así lo informaron personas allegadas a la investigación. De acuerdo a la norma, si en un juicio de fondo, un tribunal encuentra a Cruz culpable de matar al ministro con un arma de fuego ilegal, entonces enfrentaría una pena de 40 años de prisión.
Que el arma utilizada para matar a una personas sea ilegal, le suma 10 años a la pena de asesinato, que actualmente es de 30 años de prisión. El ilícito de porte y tenencia de arma ilegal está tipificado en la Ley 631-16 sobre Armas y Municiones.
La tarde de este miércoles, el Ministerio Público solicitó que a Cruz se le imponga prisión preventiva como medida de coerción.
El documento, donde el órgano acusador también presentó los cargos contra el imputado, fue depositado en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional por los fiscales Kelvin Colón, Carolin Junesca y Vladimir Viloria.
De acuerdo a lo informado, la audiencia para conocerle medida de coerción a Cruz fue pautada para mañana a las 9 de la mañana.
Cruz, de 56 años, permanece detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a donde, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladado la madrugada del martes, tras ser interrogado durante varias horas por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
Según ha explicado el Ministerio Público, el pasado lunes luego de dispararle al ministro Jorge Mera en su despacho, Cruz se refugió en la Iglesia Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, la cual queda a poca distancia del Ministerio de Medio Ambiente.
Indica que al llegar al templo religioso, el imputado entregó la pistola al sacerdote José Arismendi De León a quien le explicó que había cometido un crimen, sin identificar de quien se trataba.
Cruz fue sacado de la parroquia con chaleco antibalas y casco protector, custodiado por decenas de policías y militares, en un operativo que encabezaron la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y el director de la Policía, Eduardo Alberto Then.
Desde entonces, el imputado está detenido a la espera de que se le conozca medida de coerción.
